Por corrupción, juez pide detener a Cristina Fernández de Kirchner

BUENOS AIRES, Argentina. 

Un juez federal argentino solicitó el lunes la detención de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández tras la procesarla por liderar una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas. Pero Fernández goza de fueros como legisladora.

¿DE QUÉ PROTEGEN LOS FUEROS A FERNÁNDEZ? 

Fernández, que juró como senadora en 2017 para ocupar su banca por seis años, puede ser investigada, procesada y juzgada pero no detenida mientras goce de fueros parlamentarios, que le garantizan inmunidad de arresto. El desafuero supondría la suspensión de la inmunidad parlamentaria sin que ello suponga la expulsión de la Cámara. 

¿CÓMO ES EL TRÁMITE PARA SOLICITAR Y TRATAR EL DESAFUERO? 

La solicitud de desafuero debe ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que deberá emitir un dictamen en un plazo de 60 días. La cámara alta deberá tratar el asunto dentro de los 180 días de ingresado, aun cuando no exista dictamen de comisión. 

REQUISITOS PARA QUE EL SENADO APRUEBE EL DESAFUERO 

Según la constitución Fernández solo puede perder la inmunidad de arresto si dos tercios de los integrantes del Senado -de 72 miembros- aprueban su desafuero. En la actualidad, el oficialismo no goza de mayoría en la cámara alta y necesita el apoyo de parte de la oposición, sobre todo del peronismo, algunos de cuyos dirigentes han adelantado que no darán su respaldo al desafuero mientras no haya una condena judicial firme contra la exmandataria (2007-2015). 

ANTECEDENTES 

El mismo juez federal, Claudio Bonadío, solicitó al Senado el desafuero con fines de detención de Fernández en diciembre de 2017 en una causa en la que está acusada de haber encubierto a los iraníes imputados por el atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994. El pedido no ha sido tratado por los legisladores.

Cristina Fernández denuncia robos durante allanamientos

'Se trata de una persecución política': Cristina Fernández tras allanamientos

Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión por "asociación ilícita" contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.

Entre ellos Angelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri (que declaró haber hecho bajo presión pagos ilegales para financiar las campañas electorales kirchneristas), Aldo Roggio, Gerardo Ferreyra, Luis Betnaza, Carlos Wagner y Enrique Pescarmona.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados "arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y han reconocido la existencia de las coimas y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner.

"Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente sino de juez arbitrario por fuera del estado de derecho", dijo a Efe el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón.

El defensor aseguró que el magistrado -que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, algo que no prosperó- está "comulgando con las corporaciones mediáticas" y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir "persiguiendo a la líder de la oposición".

Según informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los "verdaderos beneficiarios" de la supuesta red de sobornos llevada a cabo durante sus Gobiernos.

El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer del ministro De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.

Este material apunta a la existencia de una "organización delictiva" conformada por funcionarios públicos y comandados por Kirchner -fallecido en 2010-, su viuda, Fernández, y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los Gobiernos de ambos.

Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios más de la cartera efectuaron los cobros a distintos particulares, siendo trasladados después, "en la mayoría de las oportunidades", en vehículos conducidos por Centeno.

"A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios", que "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita": Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido.