Durante meses, el gobierno de México repitió una pregunta como si de ella dependiera la explicación de uno de los episodios más delicados en la historia reciente del combate al narcotráfico: ¿y dónde está el piloto?
La interrogante se convirtió en bandera política, argumento diplomático y justificación para denunciar una supuesta violación a la soberanía nacional tras el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Toda la narrativa oficial giró en torno a esa pregunta. Se exigieron respuestas a Washington, se denunciaron presuntas irregularidades y se sostuvo que el gobierno de México había sido excluido de una operación que ponía en entredicho la relación bilateral. Parecía que encontrar al piloto resolvería el misterio.
Sin embargo, el tiempo pasó y las preguntas verdaderamente importantes siguen sin respuesta.
-¿Qué ocurrió realmente el día en que fue asesinado Héctor Melesio Cuén?
-¿Quién ordenó y ejecutó su asesinato?
-¿Quién fabricó el montaje de la gasolinería para encubrir los hechos?
Mientras crecían las dudas, desde Palacio Nacional se insistía en desviar la conversación hacia el avión y quien lo pilotaba, intentando instalar la versión de que se trataba de un agente del gobierno de Estados Unidos.
Hoy, esa narrativa se derrumba. Ha quedado en evidencia la incompetencia de las autoridades mexicanas, pues ahora es de conocimiento público que el mismo día en que la aeronave aterrizó en territorio estadunidense, el piloto ya había sido deportado a México. Permaneció en el país, continuó con sus actividades delictivas y, tiempo después, fue detenido por autoridades mexicanas para ser nuevamente deportado a Estados Unidos.
Todo eso ocurrió mientras el gobierno seguía preguntando, una y otra vez: ¿y dónde está el piloto?
Frente a estos hechos, la duda es inevitable: ¿se trató de una grave incompetencia o de una muestra más de la colusión que hoy existe entre sectores del poder y el crimen organizado?
A ello se suma el discurso sostenido durante los últimos días desde las conferencias matutinas: construir la narrativa de una supuesta intervención extranjera y de una violación a la soberanía nacional para responsabilizar a Estados Unidos. Resulta lamentable que la relación con nuestro principal socio y vecino termine centrada en la defensa de presuntos criminales, en lugar de privilegiar la cooperación para combatirlos.
Más preocupante aún es que las autoridades sigan afirmando que no existen pruebas contra Rubén Rocha Moya, cuando desde hace años se han presentado denuncias por parte de ciudadanos e instituciones. Incluso existen señalamientos relacionados con el proceso electoral en el que obtuvo la gubernatura de Sinaloa y sobre la presunta injerencia del crimen organizado durante esa contienda.
Lo más grave sería que todo este discurso estuviera preparando el terreno para el regreso político de Rubén Rocha Moya al ejercicio pleno del poder en Sinaloa. Eso sería un golpe para la justicia, un agravio para los sinaloenses y un mensaje devastador para un país que exige verdad y rendición de cuentas.
También surge otra interrogante: ¿el Gobierno pretende utilizar la narrativa del intervencionismo extranjero para descalificar los señalamientos y denuncias provenientes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Américo Villarreal y otros políticos de Morena que han sido vinculados públicamente con investigaciones relacionadas con el crimen organizado?
Y vale la pena preguntarse si esa misma narrativa no será utilizada el próximo año como explicación anticipada de un eventual revés electoral, atribuyéndolo a una supuesta injerencia extranjera, tal como la Presidenta ha denunciado respecto de procesos políticos en otros países de América Latina.
Porque, al final, la pregunta ya no es dónde estaba el piloto.
La verdadera pregunta es por qué el gobierno prefirió buscar un piloto mientras evitaba responder todo lo demás.