Obispo de Nicaragua denuncia persecución del gobierno; inicia huelga de hambre
Rolando Álvarez, obispo de Nicaragua, denunció que sufre persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Un obispo católico nicaragüense, crítico de la gestión del presidente Daniel Ortega, se refugió el viernes en una iglesia de Managua e inició una huelga de hambre tras acusar de persecución a la policía.
La semana pasada otro sacerdote denunció que no puede salir de su parroquia en la ciudad Masaya, al este de la capital, y en marzo el Gobierno expulsó al nuncio apostólico del país, en medio de un deterioro de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia católica.
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Rolando Álvarez, cabeza de la Diócesis de Matagalpa y Estelí, en el norte de la nación centroamericana, señaló en redes sociales que una patrulla de la policía lo persiguió el jueves durante toda la jornada.
He sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista, desde la mañana, hasta estas horas de la noche. En todo momento, durante todos mis movimientos del día", afirmó en un video subido a la cuenta de Facebook de la Diócesis de Matagalpa.
Ni el Gobierno ni la Policía respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre la situación del sacerdote, que hace cuatro años medió en un fracasado diálogo entre la administración de Ortega y la oposición, en el marco de fuertes protestas sociales.

El religioso denunció que los uniformados irrumpieron en el domicilio de sus padres y que pusieron en riesgo la seguridad de su familia. Explicó que comenzaba "un ayuno a agua y suero indefinido" hasta que se le garantice que se respetará su "círculo de privacidad familiar".
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Más tarde, Claro, una subsidiaria de América Móvil AMXL.MX, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, dijo que retiró de su parrilla de televisión paga el Canal Católico, dirigido por Álvarez, a pedido del ente regulador Telcor.
Junto a monseñor Silvio Báez, exiliado en Estados Unidos, Álvarez es una de las voces más críticas en la iglesia católica contra Ortega: ha exigido la liberación de los considerados presos políticos de su administración y justicia para los más de 350 muertos en las protestas antigubernamentales en 2018.
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