Liberan en Colombia a 66 soldados secuestrados por campesinos 'instrumentalizados'

Los 66 soldados que estuvieron tres días "secuestrados" por campesinos en el sureste de Colombia fueron liberados este lunes, informó el Ministerio de Defensa de Colombia en redes sociales.

"Fueron liberados los 66 uniformados que permanecieron secuestrados por más de 72 horas en área rural de San José del Guaviare, por comunidades instrumentalizadas por el bloque Jorge Suárez Briceño", confirmó la institución el lunes en su cuenta en la red social X.

Según el gobierno, miembros de la comunidad fueron influenciados por el bloque armado para retener a los militares.

El domingo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió a los alzados en armas que "si no existe real compromiso" la prórroga del cese el fuego pactado con el gobierno vigente hasta el 15 de octubre próximo, podría suspenderse.

Los uniformados permanecieron cercados por alrededor de 650 campesinos en zona rural de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare (sureste), dijo el alcalde Willy Rodríguez en la emisora Caracol Radio.

- Tregua en vilo -

El Ejército aseguró que las tropas estaban en la zona realizando una operación contra la extorsión.

Los militares "continuarán cumpliendo con su misión constitucional", señala un comunicado difundido por el Ejército el lunes tras la liberación. "Las acciones ofensivas contra la criminalidad se mantendrán", agrega el boletín.

El alcalde Rodríguez dijo que el domingo visitó la zona y observó a los uniformados con su armamento. De acuerdo con su relato, los campesinos impidieron a los soldados movilizarse para evitar una "confrontación" con los disidentes.

Ese frente guerrillero, que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2016, está negociando ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que intenta desactivar el conflicto de seis décadas al dialogar con guerrillas y grupos de narcotraficantes armados.

En regiones conflictivas, como el departamento del Guaviare, la fuerza pública suele tener choques con campesinos, especialmente cuando erradican narcocultivos.

En abril, 34 uniformados fueron detenidos y luego liberados por una comunidad en el departamento del Meta (sur).

Un año atrás, una protesta contra la empresa Emerald Energy terminó en el secuestro de más de 70 policías antimotines y seis empleados de la petrolera en San Vicente del Caguán (sur). Uno de los uniformados murió supuestamente degollado.

En 2016, el Estado colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC, pero varias facciones del grupo se apartaron del pacto.

El largo conflicto ha dejado 9,5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.

Con información de Agence France-Presse.

N. de la R.: El incidente ocurrido en San José del Guaviare es un reflejo de la compleja situación de seguridad en Colombia, donde el proceso de paz con las FARC ha sido parcial, ya que varios grupos disidentes no aceptaron el acuerdo y continúan operando en el país. Estos grupos, como el bloque Jorge Suárez Briceño mencionado, suelen estar involucrados en actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y la extorsión. El Departamento del Guaviare, históricamente afectado por el conflicto armado, es una región estratégica debido a su ubicación y a la presencia de cultivos de coca, lo que lo convierte en un foco de actividades criminales. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha buscado avanzar en un proceso de "paz total," negociando con diferentes grupos armados para reducir la violencia que ha afectado al país durante más de 60 años. Sin embargo, la implementación de estos acuerdos enfrenta desafíos, especialmente en áreas rurales donde la presencia del Estado es débil y los grupos armados ejercen un control considerable sobre la población local. El anuncio de la liberación de los soldados es un desarrollo positivo, pero subraya la fragilidad de la tregua actual y la necesidad de un compromiso serio de todas las partes para lograr una paz duradera. La situación en el Guaviare también pone de manifiesto la tensión constante entre la erradicación de cultivos ilícitos y la resistencia de las comunidades locales que, a menudo, dependen de estos cultivos para su subsistencia.