Crece oposición contra Ley de Justicia Tributaria en Honduras

Aseguran que podría en peligro medio millón de empleos, así como exacerbar problemas como la migración impulsada por la falta de oportunidades en el país.

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Xiomara Castro, presidenta de Honduras. (Europa Press)

El Congreso Nacional de Honduras, en conjunto con el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), concluyeron una serie de audiencias públicas en dos semanas para debatir sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. En este periodo de socialización se escucharon a 20 sectores económicos clave, los cuales expresaron sus recomendaciones, opiniones, comentarios y preocupaciones sobre la legislación.

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Conforme la socialización continuó, la oposición en contra de la Ley de Justicia Tributaria creció. Representantes de diversos sectores expusieron sus inquietudes, asegurando que la reforma, catalogada como “populista”, tendría graves consecuencias como la pérdida de trabajos, la disminución de inversión extranjera, la salida de instituciones bancarias internacionales y, en general, un grave daño a la economía. Un análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reveló que la Ley de Justicia Tributaria podría poner en peligro medio millón de empleos, así como exacerbar problemas como la migración impulsada por la falta de oportunidades en el país.

Afortunadamente para los que se oponen a esta ley, el proceso de socialización tuvo un papel fundamental en exponer las consecuencias catastróficas asociadas a su ratificación. Conforme las audiencias públicas concluyeron, y fueron difundidas a través de medios de comunicación a favor del gobierno, el apoyo inicial que había recibido por el Congreso Nacional de Honduras se redujo, dejando su aprobación incierta. A pesar de que el Congreso agendó su votación para el 20 de mayo, para lograr consenso entre las facciones políticas, fue desafiante. Y para el 19 de mayo la ratificación se debilitó.

Los representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) apoyaron la Ley de Justicia Tributaria, mientras que el Partido Nacional (PN) mantuvo firme su oposición. El Partido Liberal (PL) estuvo indeciso e incluso Salvador Nasralla Salum, dirigente del Partido Salvador de Honduras (PSH), mencionó que quienes previamente se habían alineado con el Partido Libre tuvieron divisiones internas en el proceso. Nasralla Salum, quien es también vicepresidente de la República de Honduras, se ha mostrado directo al criticar la corrupción dentro de la administración de Xiomara Castro.

Más allá de la oposición interna, se han planteado preocupaciones en Honduras respecto al posible conflicto por la relación cada vez más profunda con China. Este asunto ha llamado la atención en el país, por lo que Luis Larach, ex presidente del COHEP, advirtió que la Ley de Justicia Tributaria podría consolidar aún más la dependencia de la nación centroamericana con la asiática, una relación a menudo acompañada de condiciones de venta e influencia que conducen a ciclos de deuda y negociaciones prolongadas. 

Este fenómeno, que es comúnmente conocido como la trampa de la deuda de China (China Debt Trap), ha afectado negativamente a numerosos países en todo el mundo: Pakistán, Kenia, Zambia, Sri Lanka, Laos y Mongolia actualmente lidian con deudas sustanciales contraídas por proyectos críticos de infraestructura financiados por China, muchos de los cuales serán propiedad total o estarán controlados por esa nación.

La decisión de la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libre de buscar lazos económicos más estrechos con China, ha generado preguntas sobre sus motivaciones esenciales. Si bien, es un enfoque populista y socialista para adquirir y consolidar el poder, puede ofrecer una explicación: un análisis más profundo que revela la estrategia del Partido Comunista Chino (“PCC”) de “captura de élite.”

Esta forma de corrupción implica cooptar a las élites de una nación, abarcando la academia, los medios de comunicación, los líderes corporativos y la clase política, lo que les permite acumular riqueza personal a expensas de su propia nación y ciudadanos. Esta perspectiva esclarece sobre la preferencia del gobierno de Castro por tener “acuerdos confidenciales” con China, en lugar de buscar asociaciones público-privadas transparentes para el desarrollo de la infraestructura nacional.

Además de las preocupaciones, el 20 de mayo, la congresista Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la presidenta y del expresidente Mel Zelaya, encabezó una delegación de empresarios hondureños a China, aparentemente para promover las exportaciones locales. A principios de marzo de 2023, la presidenta Xiomara Castro cortó los lazos con Taiwán y expresó su intención de visitar China lo antes posible. Principalmente, el 17 de mayo, en medio del proceso de socialización en curso para la Ley de Justicia Tributaria pro-China, la hija de la presidente Castro, Hortensia, anunció que la presidenta Xiomara Castro visitará el país asiático en junio próximo, para formalizar acuerdos de cooperación estratégica, alineando sus agendas con el presidente Xi Jinping.

 

Muchos ven el próximo debate sobre la Ley de Justicia Tributaria como un momento crucial para Honduras. La decisión alcanzada durante esta coyuntura crítica podría determinar si la nación sucumbe al avance de los intereses chinos en América Central o marca un punto de inflexión, deteniendo definitivamente las decisiones ejecutivas y las maniobras legislativas de Castro y su esposo, que apuntan hacia un beneficio personal para ellos y su familia, y sus esfuerzos por avanzar hacia un gobierno autoritario.

dm

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