En Brasil, el tesorero del Partido de los Trabajadores será investigado

SAO PAULO, 24 de marzo.– El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder, Joao Vaccari, fue imputado ayer por la justicia brasileña por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras, lo que aumenta la presión sobre la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad se encuentra en mínimos históricos.

El juez federal Sergio Moro, de Curitiba, en el sureño estado de Paraná, aceptó el pedido de la Fiscalía para investigar a Vaccari y a otras 26 personas, entre ellas exdirectivos de la compañía acusados de recibir coimas de empresas a cambio de ventajas dentro de la petrolera estatal.

Los 27 acusados, en este caso, están imputados por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.

Según sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero “disfrazado” en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.

A pesar de que la acusación ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por el PT, la imputación formal de Vaccari aumentó la presión sobre Rousseff, cuya popularidad se encuentra en horas bajas cuando falta una semana para cumplir tres meses de su segundo mandato, el cual comenzó el pasado 1 de enero.

De acuerdo con un sondeo divulgado hoy por la consultora MDA, la tasa de aprobación del gobierno de la presidenta cayó al 10.8%, en tanto que el apoyo a la mandataria se sitúa en 18.9%.

Para enfrentar el escándalo en la petrolera, la mandataria anunció un paquete de medidas para aumentar la fiscalización y endurecer las penas por corrupción y sancionar como delito penal la contabilidad paralela en las campañas electorales, entre otros.

La iniciativa fue enviada al Congreso, que se encuentra debilitado precisamente a raíz del escándalo Petrobras, por el cual están siendo investigados 50 políticos, entre ellos los dos jefes de la Cámara legislativa.

A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco exaltos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.

Aunque no existe ninguna acusación contra la mandataria, 84% de los brasileños cree que Rousseff sabía sobre la corrupción en el seno de Petrobras, cuya privatización es rechazada por la mayoría de los entrevistados, según un sondeo divulgado el domingo por el Instituto Datafolha.

El 61% de los brasileños piensa que Rousseff sabía sobre la existencia de corrupción en Petrobras y dejó que ocurriese; 23% considera que la presidenta era consciente pero no podía hacer nada para evitarla; 10% dijo que la mandataria “no sabía”, mientras que 6% no supo qué responder.

La corrupción en la estatal y la delicada situación económica que atraviesa el país han puesto contra las cuerdas al gobierno de Rousseff, quien fue blanco de las masivas protestas que el pasado 15 de marzo ocuparon las calles de diferentes ciudades del país.

Los manifestantes también protestaron contra la corrupción en Petrobras, e incluso algunos grupos minoritarios pidieron la destitución de la jefa de Estado, una idea que ha sido descartada.