La industria farmacéutica transnacional: cuando el negocio pesa más que la salud pública
Las farmacéuticas transnacionales están dispuestas a colaborar únicamente cuando los beneficios económicos les favorecen
El reciente proyecto de digitalización de la Cofepris, impulsado para modernizar y agilizar los procesos regulatorios en México, evidenció nuevamente la doble cara de algunas farmacéuticas transnacionales agrupadas en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). Empresas como AstraZeneca, Sanofi, Bayer y Johnson & Johnson han promovido críticas y cuestionamientos públicos contra un modelo que, paradójicamente, durante años solicitaron a la propia autoridad sanitaria: esquemas de colaboración público-privada para fortalecer la capacidad operativa de la Cofepris.
La contradicción resulta evidente. Durante años, la industria farmacéutica instalada en México insistió en la necesidad de modernizar a la autoridad sanitaria, acelerar trámites y construir mecanismos conjuntos que permitieran un acceso más rápido a medicamentos innovadores. Ahora que el gobierno federal finalmente impulsa una estrategia en ese sentido, las mismas compañías que exigían cambios buscan desacreditar el proyecto bajo argumentos de compliance y supuestos conflictos éticos. Detrás de esa narrativa parece esconderse una realidad menos conveniente: las farmacéuticas transnacionales están dispuestas a colaborar únicamente cuando los beneficios económicos les favorecen de manera directa.
El mensaje que envían estas compañías es contundente. Mientras destinan millones de dólares a despachos de cabildeo, consultoras y estrategias legales orientadas a moldear la regulación mexicana a su conveniencia, califican como inapropiado participar en iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano. La colaboración deja de ser aceptable cuando no garantiza control absoluto sobre las decisiones regulatorias o ventajas comerciales exclusivas.
Los antecedentes respaldan esa percepción. Apenas recientemente, AstraZeneca obtuvo una ampliación de la protección de patente de su medicamento oncológico Calquence mediante una estrategia jurídica basada en nuevos usos terapéuticos relacionados con leucemia y linfoma. Este tipo de maniobras legales permiten extender monopolios comerciales durante años y retrasan la entrada de medicamentos genéricos que podrían reducir hasta en 80 por ciento el costo para pacientes y sistemas públicos de salud.
En el caso de Johnson & Johnson, quien en lo público y de dientes para fuera apoya las estrategias del gobierno, pero en lo privado diversas voces dentro del sector señalan históricamente la presión ejercida por grandes corporativos para influir en políticas regulatorias y comerciales en América Latina, siempre bajo la lógica de proteger mercados y rentabilidad antes que garantizar acceso amplio y competitivo a tratamientos médicos.
Por su parte, Sanofi arrastra desde hace años cuestionamientos por el acuerdo mediante el cual tomó control de infraestructura estratégica de Birmex para la instalación de una planta de envasado de vacunas. Para especialistas del sector, aquel convenio representó un debilitamiento progresivo de la capacidad productiva del Estado mexicano en materia de biológicos, favoreciendo la dependencia hacia empresas extranjeras.
La discusión de fondo es inevitable: mientras México busca fortalecer sus instituciones regulatorias y construir un sistema sanitario más eficiente, parte de la industria farmacéutica transnacional parece defender un modelo donde la innovación y la cooperación sólo son aceptables si preservan privilegios comerciales. El problema no es la colaboración con el gobierno; el problema es perder el control del negocio.
Jbf