Hijo de Doña Carlota defiende legítima defensa y destaca prisión domiciliaria

Por Zavianny Torres Baltazar

Arturo Santana, hijo de la señora Carlota, en entrevista exclusiva nos compartió la narrativa de los hechos del enfrentamiento ocurrido el 1 de abril de 2025 en Chalco, Estado de México, en el que resultó involucrada su familia, así como del problema más amplio de las invasiones de inmuebles en el país.

El exdiputado relató que su familia acudió primero a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por la invasión de una propiedad. Según su versión, no se practicaron las diligencias habituales, como el aseguramiento o la inspección ocular, y el oficio enviado a la Policía Municipal de Chalco tampoco generó una respuesta efectiva. Ese mismo día, al regresar al lugar, se encontraron con personas vinculadas al Sindicato 22 de Octubre.

Afirmó que primero recibieron un disparo y que fue a partir de esa agresión cuando sus familiares decidieron defenderse. En el enfrentamiento participaron su madre, su hermana y su hermano Lalo. Uno de los agresores, a quien describió como un menor de edad de complexión robusta, habría saltado con un arma y agredido a su madre. El video del incidente, difundido por la propia fiscalía, se volvió viral y, de acuerdo con Santana, muestra el disparo previo y el momento en que la familia reacciona.

El litigio estratégico sostiene que se trata de un caso de legítima defensa. Nuestro entrevistado señaló que las fiscalías y los jueces suelen tener reservas para aplicar esta figura jurídica por la complejidad de demostrarla, aunque existen precedentes como el de Don Juan en Monterrey.

Mencionó que uno de los invasores, en este caso, ya contaba con antecedentes penales y habría estado en prisión por robo y también estaría ligado a hechos de 2011 relacionados con el asesinato de un catedrático de la UAM.

El abogado Santana vinculó el caso particular con el problema generalizado de despojo de inmuebles en México. Indicó que existen más de un millón de carpetas de investigación abiertas a nivel nacional, de las cuales alrededor de 30 mil corresponden a la Ciudad de México y otras 30 mil al Estado de México, lo que representa un porcentaje muy alto del total en el país.

Afirmó que en estos delitos participan redes que incluyen notarios, personal del Registro Público, policías municipales, agentes de investigación, ministerios públicos, incluso funcionarios de gobiernos locales y estatales y, en algunos casos, empresas inmobiliarias.

Como ejemplo reciente de la problemática de los cárteles inmobiliarios, se le expuso la situación delicada que enfrenta el municipio de Tizayuca, ubicado en el estado de Hidalgo, del cual existen sospechas fundadas sobre la complicidad para imponer las mesas directivas de las privadas entre un empleado de la empresa constructora, denominada CESVIN, y algunas personas que viven en Residencial Andalucía, pero que no son propietarias.

En este caso se pudo constatar que, en la primera reunión vecinal, el representante de la empresa inmobiliaria, quien se identificó como el arquitecto Miguel Juárez, indujo de manera facciosa para que una persona que no era propietaria quedara como presidente de la mesa directiva. Esta persona, que proporciona tres diferentes nombres en diversos documentos, hasta la fecha no ha presentado un solo informe de finanzas.

Posteriormente se eligieron representantes de calle y una de las primeras indicaciones que recibieron, por parte del presidente de la mesa directiva —quien entre sus diferentes nombres se identifica como Nicolás Calvillo Torres—, fue investigar qué casas no han sido habitadas y cuáles se veían desocupadas. Estas mesas directivas reciben por concepto de cuotas de mantenimiento millones de pesos anualmente.

Al respecto, el litigante Arturo Santana, experto en el tema, consideró que esto refuerza la sospecha de que algunas empresas inmobiliarias están involucradas en el esquema de despojos, un negocio que, dijo, mueve miles de millones de pesos y que ya constituye un problema de seguridad de Estado.

Las organizaciones que se dedican a la invasión ilegal de casas habitación y terrenos suelen estudiar a sus víctimas y dirigirse contra grupos vulnerables, como adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad o huérfanos. El modus operandi ha evolucionado hacia formas más violentas, incluyendo casos en los que se reporta la muerte de propietarios y la cremación de cuerpos sin autorización familiar.

Con relación al marco legal, explicó que hasta hace poco el despojo no era considerado delito grave en varias entidades, con penas máximas de cinco años que permitían enfrentar el proceso en libertad, y celebró que el Estado de México y la Ciudad de México hayan elevado las penalidades y le hayan dado el carácter de delito grave en diversas modalidades, pero consideró necesario reformar también legislaciones federales, como las del Infonavit y el Fovissste, para suspender los descuentos a los acreditados cuando un inmueble está invadido y exista una carpeta de investigación o un proceso judicial abierto.

El Movimiento Carlota surgió de manera espontánea a partir de las audiencias en los juzgados de Chalco. A este llegan personas afectadas por invasiones y/o despojo de sus propiedades en busca de apoyo jurídico y llegan de muchas partes de la República. En estos casos, su equipo brinda asesoría y acompañamiento ante el Ministerio Público.

Respecto a las acciones gubernamentales, reconoció que el Operativo Restitución en el Estado de México ha logrado recuperar más de 2 mil inmuebles, aunque el número de carpetas supera las 30 mil. En el caso de la Ciudad de México, expresó reservas sobre el gabinete anunciado para prevenir y sancionar el despojo, y planteó que la efectividad debe medirse por el número de restituciones efectivas a los legítimos propietarios y no solo por las asesorías brindadas.

El entrevistado agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haberse abstenido de emitir juicios en las mañaneras y esperar la resolución de las autoridades del Estado de México.

En cuanto a su situación familiar, informó que en abril de este año se logró cambiar la medida cautelar de su madre de prisión preventiva a prisión domiciliaria y que el objetivo de los próximos meses es demostrar la legítima defensa.

A pregunta expresa, Arturo Santana cerró la entrevista con voz entrecortada y un semblante de carga emocional y tristeza, recordando que el año pasado fue la primera vez que no pasaron el 10 de mayo, Día de las Madres, con su mamá en casa, sino en la cárcel. “Fue muy doloroso”, dijo. Señaló que el impacto de estos hechos transforma la vida y que la decisión fue seguir adelante hasta lograr resolver la situación jurídica de su familia y que pueda lograrse la impartición de justicia, con la ley en la mano.