Caso Julio Iglesias: “Lo importante es acompañar y reparar a las víctimas”

El caso que vincula al cantante Julio Iglesias con acusaciones de agresión sexual volvió a abrir en España el debate sobre la respuesta institucional ante denuncias de violencia machista que involucran a figuras públicas. La discusión se ha concentrado en la posibilidad de retirar —o no— la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le otorgó el Estado, aunque el movimiento feminista de Madrid advierte que ese no es el fondo del problema.

Desde la Comisión 8M, uno de los principales espacios de articulación del feminismo madrileño, señalan que centrar el debate en los honores concedidos al artista resulta secundario frente a una prioridad que consideran ineludible: la protección, el acompañamiento y la reparación de las mujeres que han denunciado las agresiones. 

El foco, en las víctimas y no en los honores

El debate importante no es si deben o no quitarle las medallas”, afirmaron en declaraciones a Europa Press. A su juicio, el foco debe colocarse, en primer lugar, en el reconocimiento institucional de las víctimas y en garantizar su acceso a mecanismos efectivos de apoyo psicológico, social y jurídico.

En segundo plano, las feministas plantean la necesidad de un cambio estructural que vaya más allá de gestos simbólicos y apunte a las condiciones que permiten estas violencias. En ese sentido, insisten en desarrollar un marco normativo sólido que proteja los derechos y la dignidad de las trabajadoras del hogar. 

Un contexto de desigualdad y vulnerabilidad

Las acusaciones que rodean al caso de Julio Iglesias, recuerdan desde la Comisión 8M, se inscriben en un contexto de profunda desigualdad laboral y social. Muchas de las mujeres afectadas pertenecen a un colectivo especialmente vulnerable, integrado en su mayoría por mujeres migrantes, racializadas y en condiciones de precariedad económica.

El Gobierno aún tiene mucho trabajo pendiente para garantizar un desarrollo normativo que asegure la seguridad y la salud de las mujeres que realizan trabajo del hogar”, advirtieron. Si bien reconocen avances legislativos en años recientes, los colectivos feministas sostienen que estos siguen siendo insuficientes y de aplicación desigual.

Entre sus demandas, la Comisión 8M urgió al Ejecutivo a “presentar de una vez” la ley integral contra la trata de personas que elabora el Ministerio de Igualdad, una iniciativa anunciada desde hace años y que, denuncian, continúa acumulando retrasos pese a la magnitud del problema. 

Más allá de los gestos simbólicos

Para el movimiento feminista, el retiro de medallas o reconocimientos a figuras concretas no ataca la raíz de la violencia. “El régimen de impunidad y silencio que sostiene las agresiones y la vulneración de derechos no se derriba con el retiro de medallas”, subrayaron, sino con políticas públicas que garanticen derechos y autonomía real a las mujeres.

Esta postura contrasta con la expresada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien confirmó que el Gobierno analiza el retiro de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida al cantante.

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En una entrevista con RTVE, Redondo afirmó que el compromiso del Ejecutivo es “con las víctimas y con la igualdad” y subrayó la necesidad de investigar los hechos. “Queremos saber exactamente qué ocurrió y, por supuesto, que se aplique la ley”, dijo.

Desde la Comisión 8M no cuestionan la investigación ni el deslinde de responsabilidades, pero consideran que poner el acento en el retiro de honores desvía la atención de los problemas estructurales que permiten que estas situaciones se repitan durante décadas sin consecuencias.

Las denuncias contra el artista, sostienen, son “una muestra de la grave situación que viven muchas trabajadoras del hogar”, un sector donde las relaciones laborales se desarrollan en espacios privados y bajo fuertes vínculos de dependencia, lo que dificulta la denuncia de abusos.

A esta vulnerabilidad se suman el machismo, el racismo y el abuso de poder, factores que, de acuerdo con los colectivos feministas, operan dentro de un sistema patriarcal y colonial que normaliza la explotación y el silencio.

“Estas agresiones y su impunidad llevan años siendo denunciadas por los feminismos y por los colectivos de trabajadoras del hogar y de cuidados”, recordaron, al tiempo que exigieron una respuesta institucional sostenida, no condicionada por la presión mediática.

Así, el caso Julio Iglesias se convierte, para el movimiento feminista, en un síntoma de una problemática profunda y estructural que, insisten, no se resuelve con gestos simbólicos ni debates coyunturales, sino con reformas legales, recursos suficientes y un compromiso político firme con los derechos de las mujeres.

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