En 1970, Yuri Andrópov pidió al Kremlin autorización para destruir lo que quedaba de Adolfo Hitler. Sus restos habían sido enterrados, desenterrados y trasladados durante 25 años bajo bases militares soviéticas. La razón de la incineración final —y de arrojar las cenizas a un río— era una sola: impedir que la tumba se convirtiera en lugar de peregrinaje neonazi. Hitler lo había intuido: al enterarse de que el cadáver de Mussolini fue colgado de los talones en una gasolinera de Milán, ordenó que cremaran el suyo. No quería convertirse en espectáculo. Ironía póstuma: tampoco le permitieron convertirse en altar.
La obsesión por desaparecer los restos del enemigo es tan vieja como la guerra misma. Sófocles la dramatizó en Antígona: el rey Creonte prohíbe sepultar al rebelde Polinices para que su cuerpo se pudra como escarmiento. Pero la tragedia griega ya advertía lo que la geopolítica moderna confirma: negar la tumba no borra al muerto; lo multiplica.
En mayo de 2011, EU arrojó el cuerpo de Osama bin Laden al mar Arábigo. La Casa Blanca invocó la tradición islámica de sepultar en 24 horas, pero ningún país quiso recibir el cadáver y cualquier tumba en tierra firme habría terminado como santuario yihadista. Funcionó a medias. No hay tumba, pero la decisión de no publicar las fotografías alimentó décadas de conspiraciones.
Al Che Guevara lo fusilaron en Bolivia en 1967, le cortaron las manos y enterraron su cuerpo bajo una pista de aterrizaje. El ejército quería borrar cualquier rastro, pero durante 30 años, la ausencia del cadáver alimentó el culto. Cuando en 1997 un equipo forense cubano-argentino desenterró los restos, Fidel Castro los recibió con honores militares en Santa Clara: mausoleo, llama eterna, estatua de bronce de casi siete metros. El cadáver negado se volvió reliquia estatal.
Franco, descansó 34 años en el Valle de los Caídos, un mausoleo faraónico construido con trabajo forzado de presos republicanos. Mientras ocupara esa tumba monumental, el franquismo seguía teniendo domicilio fijo en el centro simbólico de España. Exhumarlo en 2019 fue desalojar al fantasma del poder.
El pasado lunes, en un ataúd dorado, con música de banda, coronas sin remitente y un arreglo en forma de gallo con las siglas del CJNG, los restos de Nemesio Oseguera Cervantes fueron sepultados en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, el mismo donde reposan familiares de Caro Quintero. La procesión avanzó escoltada por el Ejército, la GN y helicópteros militares. Nadie del gobierno confirmó que el cuerpo fuera de El Mencho, pero todo el aparato de seguridad del Estado se movilizó para custodiar el sepelio de un hombre al que, oficialmente, no estaban enterrando.
La contradicción es delirante. Mientras millones de mexicanos vivían bajo toque de facto por los bloqueos y la violencia desatada tras el operativo de Tapalpa, el Estado desplegó un dispositivo de honores fúnebres para el líder del cártel que provocó esa misma violencia. No lo escondieron. Lo enterraron en un cementerio conocido, a 100 días de que Guadalajara sea sede del Mundial.
En los casos de Hitler, Bin Laden, El Che y Franco los gobiernos entendieron que un cadáver no es sólo materia orgánica: es un dispositivo simbólico. México optó por el entierro público sin reconocimiento oficial. No lo niegan, pero tampoco lo asumen. No lo esconden, pero no lo nombran. El resultado es una tumba con dirección, un féretro dorado con foto, una procesión con video y un Estado que finge que nada de eso pasó. Es la visibilidad del altar sin la autoridad del relato.
Porque la pregunta que atraviesa 25 siglos —de Antígona al Recinto de la Paz— nunca fue qué hacer con el cuerpo. Siempre fue quién controla la narrativa del muerto. Y en Zapopan, el lunes, esa narrativa la controló el cártel. El Estado sólo puso las patrullas.
Cuando un gobierno no decide qué hacer con el cadáver de su enemigo, éste decide por él. La tumba ya existe. El altar, también. La única pregunta que queda es quién irá a rezar ahí.