El operativo en Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, no sólo representó un golpe táctico contra una de las organizaciones criminales más violentas del país y del mundo; fue también un reposicionamiento significativo del Ejército mexicano.
Durante años, la estrategia de abrazos, no balazos, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, colocó al Ejército en una posición incómoda, pues mientras ejecutaba la orden de evitar la confrontación frontal con los cárteles, le eran asignadas funciones para la administración de aduanas y la construcción de infraestructura como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA, que a pesar de haberlas cumplido con responsabilidad, no fortaleció su institucionalidad; la tensionó. Con la presidenta Claudia Sheinbaum la estrategia de seguridad parece haber transitado hacia una lógica más operativa. El Ejército volvió a ocupar el papel que la Constitución le asigna: ser garante de la seguridad interior, con el honor y lealtad que lo caracteriza, pero con determinación táctica. Con el golpe al CJNG envió la señal de que el Estado recupera el monopolio legítimo de la fuerza.
Frente al gobierno de EU, el reposicionamiento resultó aún más significativo. Durante años, Washington mostró su desconfianza operativa, pero ahora reconoce al Ejército mexicano como un socio confiable en la contención del narcotráfico, en un contexto donde la presión por el tráfico de fentanilo condiciona buena parte de la agenda binacional, que podría convertirse en multinacional luego de que el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, advirtiera a gobiernos de Latinoamérica que su país está dispuesto a actuar por su cuenta contra los cárteles de la región si no aumentan su colaboración.
Pero de manera paralela se ha montado una campaña malintencionada en contra del Ejército, que busca no sólo minimizar su eficacia operativa y de inteligencia, sino también minar su confiabilidad. El señalamiento de que, junto con la GN, escoltó el funeral de El Mencho, incluso le brindó protección, es ignorante y miope, además de responder a intereses difíciles de ocultar.
El Estado no puede renunciar a su obligación de garantizar orden público por temor a la imagen, su función primaria es evitar enfrentamientos entre células rivales, demostraciones armadas que fortalezcan la imagen del cártel y disturbios que escalen a violencia regional. Si el funeral se realizaba sin presencia del Ejército y la GN y derivaba en violencia, la crítica habría sido por omisión.
El CJNG busca ahora un nuevo liderazgo y todo podía suceder. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que existen al menos cinco candidatos, además del riesgo de que el cártel se fracture y sus células se redistribuyan territorios y detonar nuevos episodios de violencia. Frente a ese escenario, el Ejército mexicano hizo lo correcto.
DE IMAGINARIA
Poco o nada se sabe hoy del caso de La Barredora. El senador Adán Augusto López, señalado por sus presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, a quien se atribuye el liderazgo de ese grupo criminal, se mueve con absoluta tranquilidad por restaurantes de lujo y actos públicos. Mientras tanto, la investigación parece estancada. La sombra de la protección política —que muchos ubican en Palenque— parece pesar demasiado en la actuación de la FGR.
Algo similar ocurre con el caso del llamado huachicol fiscal, vinculado a mandos de la Marina. La gravedad del asunto no radica sólo en la corrupción de éstos o de puertos y aduanas, sino en la opacidad que ha rodeado las investigaciones. ¿Qué ocurrió con las indagatorias anunciadas por el exfiscal Alejandro Gertz Manero? ¿En qué etapa procesal se encuentran los expedientes? Hasta ahora no existe información clara que permita saber si el caso avanzó o si quedó atrapado en los laberintos de la burocracia judicial.
El exsecretario Rafael Ojeda debería comparecer y declarar todo lo que sabe. Más aún cuando en una grabación sostuvo que las investigaciones debían seguir su curso sin importar “caiga quien caiga”. Bajo esa lógica, también tendría que explicar lo ocurrido López Obrador, quien, según el propio almirante, fue informado oportunamente del problema. El expresidente debe afrontar consecuencias. No lo hizo cuando confesó haber dado la orden para la liberación de Ovidio Guzmán.