Grupo Famsa sigue bajo la lupa; demandan una solución

Grupo Famsa, la empresa de Humberto Garza y su familia, donde Banco Ahorro Famsa violaba constantemente el artículo 73 de la Ley de Instituciones de Crédito (dar financiamiento a partes relacionadas, es decir, a personas que participaban directa o indirectamente en su administración o capital), sigue impune y sus directivos y fundadores siguen debiendo millones a los afectados de su fraude.

La violación a la ley nunca fue alertado a tiempo por parte de los reguladores o sus consultores y la firma se fue a concurso mercantil hace unos años, arrastrando a clientes, inversionistas y ramas propias, como Banco Ahorro Famsa. En 2013, la empresa de la familia Garza tuvo problemas financieros y quedó insolvente para enfrentar sus compromisos de pago bancarios, con proveedores y senior notes, un bono que, ante una eventual bancarrota, tiene prioridad de pago sobre cualquier otra deuda. El 31 de mayo de ese año, Famsa emitió senior notes por 250 millones de dólares en el extranjero, que vencían en 2020.

Además, en el ejercicio 2015 se detectó un desacierto en cómo se agruparon algunos portafolios de carteras, lo que originó un crédito a la provisión de dicho deterioro que alcanzó cinco mil 91 millones de pesos. Para cubrir este cargo y parte de las senior notes, Grupo Famsa se sumió en una espiral de compromisos financieros, modificó convenios y puso en garantía bienes inmuebles. Nada evitó su caída, y ninguna autoridad federal dio aviso a tiempo de estos errores, lo que ya originó problemas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Muchos de sus inversionistas, buscando recuperar algo de lo perdido, cayeron inclusive en las trampas de Humberto Garza, quien aseguraba que era factible salir del concurso mercantil, a cambio de más recursos para echar a andar la maquinaria de venta de las tiendas. Nuevamente ni las autoridades ni los despachos contratados pusieron un alto al nuevo fraude.

Entre acuerdos para entregar acciones, así como un contrato de New Money, donde existían beneficios para los acreedores comunes bancarios, se llevó a cabo la firma del Convenio de Reestructura el 30 de mayo de 2022, el cual también fracaso, afectando a los inversionistas y dejando impunes a la fecha a la directivos y dueños de Grupo Famsa.

Ayer se dio a conocer que un grupo de 181 inversionistas de Banco Ahorro Famsa, demandaron a la CNBV y le exigieron una indemnización de 840 millones de pesos, debido a que “no intervino oportunamente en el caso Famsa, lo que derivó en daños económicos significativos. La demanda, presentada bajo el concepto de Responsabilidad Patrimonial del Estado, fue registrada este lunes, con el propósito de hacer responsables a las autoridades por la negligencia en su supervisión de la entidad financiera, y solicitaron no ndejar de seguir el caso y que la familia Garza no salga impune de este fraude.

SE SABÍA

Enrique Ostos, abogado representante del grupo de inversionistas, señaló que la CNBV tenía conocimiento de la situación de riesgo de Famsa desde al menos nueve meses antes de que, el 30 de junio de 2020, se le revocara su licencia para operar como banco.

Ante la falta de respuestas satisfactorias, el litigio podría trasladarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, eventualmente, al Poder Judicial de la Federación, donde se deben deslindar reponsabilidades contra directvos y dueños de esta empresa”.

La demanda de los inversionistas enfatiza que, desde septiembre de 2019, Banco Ahorro Famsa incumplía el índice de capitalización mínimo exigido, situación que, según los afectados, los directivos y dueños debieron informar a las autoridades y corregir de forma anticipada. Además, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) intervino en la liquidación del banco al día siguiente de la revocación de su licencia, lo que dio inicio a un proceso de recuperación que continúa en curso sin éxito.

La demanda ocurre en un contexto de denuncias previas, ya que los inversionistas también han señalado al Consejo de Administración de Famsa ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad. Sin embargo, el caso lleva cuatro años sin avances, según Ostos, quien denunció retrasos en la integración de la carpeta de investigación y múltiples cambios de fiscales asignados al caso.

¿Y LOS EJECUTIVOS?

En paralelo, un grupo adicional de inversionistas en Nuevo León presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal en contra de altos ejecutivos de Famsa, incluido Humberto Garza Valdez, expropietario del banco, y otros directivos. Este proceso, fue desestimado por un juez local al considerar que no había elementos suficientes para vincular a los acusados.

Con este recurso legal, los inversionistas buscan marcar un precedente en la responsabilidad que tienen las instituciones de vigilancia financiera para proteger a los usuarios y garantizar un sistema financiero confiable y transparente.

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