Regresa esperanza tras despojo de dos décadas en la colonia San Rafael

CIUDAD DE MÉXICO. Hace 20 años un edificio sobre la calle Antonio Caso fue invadido por un grupo delictivo y desde entonces los propietarios han tratado de recuperar su patrimonio.

Hace unos días, la esperanza de recobrar el inmueble regresó para Carlos, pues vio que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde su administración se impulsa toda una estrategia para recuperar inmuebles invadidos a través de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

La mandataria hizo tal anuncio tras la recuperación de 12 departamentos de la Unidad Fuerte de Loreto, en la alcaldía Iztapalapa, que habían sido invadidos por el crimen organizado desde hacía más de dos años.

Carlos ha iniciado diferentes procedimientos administrativos para tratar de desalojar a quienes en 2002 primero invadieron un departamento del 104 de la calle Antonio Caso, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, quienes cuatro años más tarde se apoderaron de todo el conjunto habitacional.

A lo largo de estos años, el hombre ha presentado cuatro denuncias, en 2006, 2007, 2010 y 2016, mismas que fueron enviadas al no ejercicio de la acción penal.

No obstante, un juez de Control rescató la última denuncia que presentó y ahora se encuentra activa en la Fiscalía General de Justicia, pero hasta la fecha no hay algún avance en la indagatoria.

Tengo un acta circunstanciada de asuntos internos de la FGJ, donde declaran que se han violado mis derechos y sin embargo la Fiscalía no actúa”, señaló.

También afirmó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil declaró en riesgo de derrumbe el edificio, pero a pesar de ello no han desalojado el inmueble que tiene más de 50 años de antigüedad.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

Después de ver publicada tal información en Excélsior, Carlos se presentó ante la Fiscalía capitalina para que le dieran información sobre dicha estrategia. También solicitó conocer el protocolo a través de la plataforma de transparencia, sin embargo a la fecha no ha recibido una respuesta positiva por ninguno de los dos canales.

“La doctora Claudia Sheinbaum dice que hay un nuevo protocolo para vaciar los edificios que están invadidos y demás. Yo me acerqué a la Fiscalía y se los pedí (…), pero no he recibido respuesta”, señaló la víctima.

CONTUBERNIO

La historia parece ser similar a lo que ha sucedido en la Unidad Fuerte de Loreto: la actuación de grupos delincuenciales y el contubernio de ciertos representantes de la autoridad, pues Carlos asegura que tras la invasión de su inmueble está la Asamblea de Barrios y una célula de La Unión Tepito, quienes incluso lo han amenazado de muerte para evitar que proceda legalmente.

Pero también acusa que hay funcionarios públicos que contribuyen al retraso que han tenido los proceso que ha iniciado para recuperar su patrimonio.

No se investiga, sólo se manda al archivo y ya. Este es un delito porque las invasiones son delitos continuados, no pueden ir al ejercicio de la acción penal”, dijo el afectado, tras asegurar que existe colusión entre algunas autoridades y los delincuentes que lo despojaron.

Además de librar esa batalla legal y de amenazas contra los delincuentes, Carlos también ha tenido que evitar que las autoridades se queden con su edificio, pues también han tratado de expropiarlo. Esto último lo consiguió gracias a que logró un amparo en 2013.

VAN AL CONGRESO EN BUSCA DE SOLUCIÓN

Familias que fueron despojadas de sus viviendas en Belisario Domínguez 43, en el Centro Histórico, acudirán hoy al Congreso local para pedir al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero (Morena) que revise su caso, pues la carpeta de investigación iniciada por el delito de despojo no se ha judicializado.

En la Fiscalía General de Justicia existe una demanda por despojo contra quien se dice policía Martín Rebolledo y Claudia Morales, personas que aseguran ser protegidos de la dupla política René Bejarano y Dolores Padierna, la carpeta es CI-FEDAPUR/A/UI-1C/D/01255/08-2018” dieron a conocer las denunciantes María Eugenia Vargas Morales y Lorena García Alonso.

El 14 de marzo pasado, este diario publicó que en 2004 el Instituto de Vivienda (Invi) de la ciudad desalojó a las 38 familias que allí vivían por daño estructural del edificio, sin embargo desde 2016 el predio fue invadido por Rebolledo y Morales.

Este diario también dio a conocer que el 21 de febrero los despojados se reunieron con Ulises Lara,  vocero de la Fiscalía local, y, de acuerdo con María Eugenia Vargas Morales, “dijo que el asunto está detenido, que lo pueden judicializar, pero que podría ser contraproducente, y nos recomendó que mejor fuéramos con el secretario de Gobierno, Martí Batres”.

-Georgina Olson

cva

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