Reformas legales en la CDXM: Más castigo en despojos, lesiones, amenazas y más

Dos personas dentro de una cárcel.

Las iniciativas que la jefa de Gobierno anunció en su Primer Informe de Gobierno prevén aumentar las penas en los delitos de asociación delictuosa, despojo, amenazas y lesiones cometidas contra mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+.

En lo que respecta a las amenazas, buscarán triplicar las penas cuando las intimidaciones sean de manera digital con contenido sexual, se realice con arma de fuego o el agresor sea de un grupo criminal.

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Las sanciones por el delito de despojo pasarían de cinco a seis años de prisión, como mínima, y de diez a 11 años de cárcel la máxima, para quien sea sentenciado por este delito. La multa se incrementará de 100 a 200 mil UMAs.

La tercera iniciativa presentada por Clara Brugada es por el delito de asociación delictuosa. En esos casos la pena pasaría de cuatro a cinco años, la mínima, y de ocho a diez, la máxima, cuando las personas sentenciadas sean parte de grupos delictivos.

POR LAS MUJERES

La reforma al Código Penal para incrementar las penas por lesiones cometidas contra mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+ expone que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), 70.1 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida y el 34.7% ha sido violencia física.

También se argumenta que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTQ+ documentó 672 homicidios por motivos de odio entre 2019 y 2024, la mayoría contra mujeres trans.

Estas cifras evidencian que la violencia motivada por género o prejuicio no sólo busca dañar físicamente, sino disciplinar o castigar el cuerpo que transgrede las normas sociales”, se detalla en la exposición de motivos de la iniciativa.

Por ello se plantea que ese tipo de violencia “comparte un denominador común de sistemas estructurales de desigualdad, de impunidad y de desprotección, es decir, cada uno revela vacíos normativos que impiden al Estado ofrecer respuestas efectivas, proporcionales y con enfoque de derechos humanos”.

Para corregir esos vacíos normativos y “garantizar el acceso efectivo a la justicia, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales” es que Brugada presentó la iniciativa, y así se argumenta en la exposición de motivos.

Se trata de una reforma al artículo 131 Bis del Código Penal local, para incrementar en dos terceras partes la pena de cárcel “cuando las lesiones se infieran por razones de género en contra de mujeres o por prejuicio en contra de personas con orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género o características sexuales no normativas”.

Las penas para lesiones están establecidas en el artículo 130 del Código Penal y van de seis meses a ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad y características de la lesión.

Si se aprueba la reforma en Donceles, una pena de cárcel de ocho años se incrementaría en dos terceras partes, es decir, sería de 13 años con cuatro meses.

La iniciativa establece que se considerará que existen razones de género en contra de mujeres o personas de la comunidad LGBTQ+ cuando haya existido noviazgo, matrimonio, concubinato o cuando la persona haya cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia.

También cuando la persona “cometa las lesiones acompañándolas de expresiones de odio, humillación o desprecio”.

O cuando las lesiones tengan efecto sobre la víctima “al menoscabar su autonomía o anular su orientación sexual, expresión de género o identidad de género”.

La iniciativa también propone reformar el artículo 131 del Código Penal local, para incrementar en una mitad las penas de cárcel por cometer lesiones cuando “exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de confianza, docente, laboral, religiosa, de cuidado o subordinación”.

LAS PROPUESTAS

Las iniciativas prevén:

Triplicar las penas cuando las amenazas sean de manera digital con contenido sexual, se realice con arma de fuego o el agresor sea de un grupo criminal.
Las sanciones por el delito de despojo pasarían a entre diez y 11 años de cárcel como tope máximo.
Por asociación delictuosa la pena podría alcanzar hasta diez años de prisión.
Cuando las lesiones se infieran por razones de género en contra de mujeres o por prejuicio en contra de personas con orientaciones sexuales no normativas, las penas alcanzarían hasta 13 años de prisión.

PLANTEAN COOPERATIVAS PARA SISTEMA DE CUIDADOS

El sistema de cuidados que propone la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prevé crear una red de servicios para personas con discapacidad, otra para adultos mayores y niños en la primera infancia, y promover la creación de sociedades cooperativas que presenten estos servicios.

En la iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, que entregó Brugada al Congreso local el domingo, se establece que el gobierno de la ciudad y las alcaldías “prestarán servicios públicos de cuidados universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”.

También se establece que el gobierno local y las alcaldías promoverán “la constitución de sociedades cooperativas destinadas a prestar servicios de cuidado, como forma de impulsar la economía social y solidaria y de ampliar el acceso de la población a los cuidados en sus entornos más próximos, evitando traslados innecesarios y garantizando una mayor oferta de tales servicios”.

Las sociedades cooperativas que reciban recursos del gobierno para su funcionamiento serán responsables en términos de la legislación de transparencia y acceso a la información pública y en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Sobre los cuidados de las personas con discapacidad, el artículo 61 señala que la ciudad “contará con una red de carácter progresivo de servicios de cuidado para personas con discapacidad que lo requieran”.

Habrá unidades de rehabilitación y asistencia para personas con discapacidad física o motriz, permanente o temporal; espacios destinados a la atención especializada de personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y psicosocial.

Para las personas con necesidades intensas de cuidados se proveerán “servicios de asistencia remota, soporte emocional, atención psicológica y apoyo domiciliario”.

Para los adultos mayores habrá “una red de carácter progresivo de servicios de cuidado”, que incluirá casas de día para personas mayores, con servicios de cuidado, salud preventiva, actividades culturales y deportivas.

También habrá espacios de acogida para personas mayores en situación de abandono, en coordinación con el sector privado y la sociedad civil.

Por Georgina Olson.