Derruyen símbolo de la corrupción; Torre Asjufi

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de que, por más de una década, la empresa Asjufi Consultores Inmobiliarios, S.A. de C.V. burlara la autoridad, ayer se inició la demolición de la torre de su propiedad, ubicada en Periférico Sur 3042, en la alcaldía de Álvaro Obregón.

Con picos y palas, 80 trabajadores arribaron al lugar después de que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de la obra “y dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) llevara a cabo la demolición”, informó el gobierno local en un comunicado.

Las autoridades dieron a conocer que el 4 de julio de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) emitió una resolución a través de la cual determinó la demolición de la construcción y la imposición de una multa a sus propietarios de 61 millones 441 mil 843.33 pesos.

Sin embargo, el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad contra la determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa local por lo que obtuvo de manera provisional la suspensión del acto a fin de continuar con la edificación.

No obstante, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, por lo que se inició la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00427/03-2018; asimismo, se inició un juicio de lesividad.

Como resultado de la estrategia jurídica, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó levantar la suspensión otorgada en el juicio de nulidad y revocó el auto que admitió la medida cautelar de suspensión.

Nunca se demostró, por parte del promovente de la obra, que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra, además de que ya contaba con negativa en materia ambiental a este proyecto. Hizo todo lo que ningún desarrollador debe de hacer, que es justamente toda una serie de actividades irregulares, ilegales”, señaló la titular de la DGEIRA, Andrée Lilian Guigue Pérez.

Guigue Pérez, destacó que los desarrolladores del proyecto deberán de pagar los 30 millones de pesos que costará demoler el inmueble, además de que están obligados a realizar la restauración del sitio.

La construcción que en su momento fue calificada como “un símbolo de corrupción” por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 metros cuadrados.

Esta obra tenía un avance del 75%, lo que significa una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos, recursos que en 60 días, quedarán reducidos a escombros.