Congreso de la CDMX decide si SSC toma control de los penales

CIUDAD DE MÉXICO.

El Congreso de la Ciudad de México decidirá en el periodo extraordinario que se celebra hoy si se le otorga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el control sobre las cárceles de la ciudad, el cual hasta ahora tiene la Secretaría de Gobierno.

El argumento del Ejecutivo local, que envió la iniciativa al Legislativo, es que se reducirán los delitos que se cometen desde las cárceles, como extorsión telefónica y secuestros, sin embargo, expertos en la materia consideran que darle a la SSC esa atribución no es garantía de que eso suceda y que es riesgoso concentrar tantas atribuciones en una sola dependencia.

Catalina Pérez Correa, doctora en derecho e investigadora del CIDE, señala que las cárceles de la ciudad “llevan muchos años en crisis, hay un tema de muchísima corrupción y no veo que un simple cambio de adscripción sea garantía de un cambio. Habría que ver cuáles son las políticas específicas que piensan aplicar”.

Puso como ejemplo que “las familias se ven obligadas a hacer depósitos bancarios a los custodios y, si no lo hacen, sus familiares dentro de la cárcel pueden ser golpeados, transferidos o sufren otras consecuencias, así que primero tiene que haber una evaluación de qué está pasando en las cárceles”.

Algunas de las preguntas que plantea la investigadora es si van a contratar nuevo personal, van a implementar un nuevo programa y si harán estudios para un diagnóstico de los penales.

En la argumentación del dictamen que reforma la Ley Orgánica de la SSC –que se aprobó en comisiones unidas hace una semana– se plantea que el cambio de adscripción “contribuirá al efectivo control de los centros penitenciarios y habrá una más eficiente y frontal manera de combatir delitos como el secuestro, la extorsión, la extorsión telefónica, entre otros, que suelen ser los más cometidos desde el interior de los centros de reclusión”.

El diputado local Alberto Martínez Urincho (Morena), presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, afirmó que si se aprueba la reforma en el pleno será una “fortaleza en materia de seguridad, pues desde los centros de readaptación se cometen ilícitos que tienen impacto en la sociedad”.

Excélsior solicitó en la SSC conocer cómo implementará la reforma si se aprueba, pero la dependencia respondió que “la SSC dará postura hasta el resultado de la votación” del dictamen.

“Me parece mala idea pasarle a la SSC el control de las cárceles porque esa dependencia es una máquina ilegal de extracción de dinero, y si les pasan el control de los penales sólo les van a aumentar el botín; y no es una opinión, eso es lo que hace esa institución: he entrevistado a muchos policías durante años y ellos te cuentan cómo dentro de la institución tienen que pagar por todo”, expresó el abogado Roberto Hernández, investigador senior del World Justice Project y co-realizador del documental Presunto Culpable.

“Los policías de tránsito te explican que hay un tabulador y ellos tienen que pagar cierta cantidad para que les asignen una patrulla que esté en la intersección de Viaducto con Insurgentes (por ejemplo), porque allí está prohibido circular por carriles del Metrobús y sacan más (dinero). Los ascensos tienen un costo, no cumplir con un arresto tiene un costo, tener patrulla tiene costo, poder pasar la Navidad con su familia tiene un costo. Todo tiene un costo”.

El sistema penitenciario tiene una dinámica similar en el sentido de que las personas privadas de la libertad tienen que pagar por todo. “Cuando veo lo que pasa en la policía me remite a la cárcel: lo que aprendí cuando filmé Presunto Culpable, es que en la cárcel todo tiene costo: no pasar lista tiene costo, la celda en que te colocan tiene un costo, si te toca en una celda con menos personas, tiene un costo”.

En ese contexto, para Hernández, sumarle a la SSC la estructura del sistema penitenciario “no es una buena noticia, no veo en esta reforma que por el mero hecho del cambio de adscripción vayan a cambiar las cosas al interior de los penales”.

Edgar Guerra, profesor-investigador del programa de política de drogas del CIDE, comentó: “no soy partidario de concentrar tantas atribuciones en una sola dependencia porque ahora la misma dependencia encargada de vigilar y castigar el delito tendrá la encomienda de reinsertar a esas personas en la sociedad”.

Agregó que para garantizar que haya respeto a los derechos humanos al interior de los penales se requieren mecanismos robustos de control interno y rendición de cuentas, así como de la observación permanente de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX “para que no se convierta en otra ‘caja negra’ de derechos humanos, porque al tener todas las funciones dentro de la misma ‘casa’ eso se puede pervertir”.

Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y experta en sistema penitenciario, consideró que la SSC “ya tiene un rol gigantesco que cumplir en materia de seguridad: cambiaron del modelo de seguridad pública a seguridad ciudadana, además están trabajando en muchos proyectos de prevención del delito y lo que se requiere es un proyecto integral de atención a las cárceles y no echarle un proyecto tan enorme a la policía”.

Azaola planteó que para reducir los delitos que se cometen desde la cárcel, como extorsión telefónica y la dirección de secuestros, se requiere “bloquear la señal de los celulares, que decían iban a hacer y nunca lo han hecho; atender el problema del hacinamiento en cárceles; tener suficiente personal, capacitarlo; atender la gobernabilidad en los centros penitenciarios, que la autoridad recupere realmente el control”.

Agregó que hace falta un proyecto integral que tome en cuenta los delicados equilibrios que hay al interior de los penales.

“Se necesita contar con un diagnóstico y un proyecto integral de intervención y con recursos suficientes, no basta con que digan ‘vamos a poner a los policías a investigar bien los delitos (que se cometen dentro de las cárceles). Eso no implica que con los policías se va a acabar la corrupción horrible que hay adentro o el tráfico de drogas que hay en los penales”, sentenció Azaola.

Concluyó que la SSC ha planteado que, de aprobarse la reforma, en la Universidad de la Policía van a capacitar a policías que estarían en los penales, pero “no es la misma formación la que se requiere para ser personal penitenciario”.