¿Activismo o Estrategia Comercial? Cuestionan Rol de Susana Kanahuati en el Sector Inmobiliario

En un contexto donde la transparencia y la ética son pilares fundamentales para la confianza en el sector inmobiliario, surge un interrogante sobre el activismo de Susana Kanahuati Reyes, una figura prominente en la crítica a diversos desarrollos urbanísticos.

La pregunta central es si su enérgico activismo responde a una genuina participación ciudadana o si, por el contrario, podría estar influenciado por intereses de competencia. Reportes indican que desarrolladores inmobiliarios que operan bajo el marco legal establecido están siendo objeto de presunta extorsión por parte de Kanahuati.

El cuestionamiento cobra relevancia al analizar los registros públicos. Documentos del Registro Público de Comercio revelan que Kanahuati figura como socia en la empresa Inmobiliaria Genami, S.A. de C.V., constituida en 2004 con domicilio en la Ciudad de México.

Esta sociedad tiene como objetivo la adquisición, desarrollo, promoción y administración de bienes inmuebles, abarcando desde oficinas y fraccionamientos hasta bodegas y desarrollos habitacionales.

La información se encuentra en el Registro Público de Comercio bajo el número único de documento 330708322597782000X1 y el folio Mercantil Electrónico No. 330708, con fecha del 13 de octubre de 2004.

El acta constitutiva de Inmobiliaria Genami detalla que Susana Kanahuati es socia junto con su entonces pareja, Germán Fernández del Castillo Magro Soto, lo que confirma su participación formal en la estructura de la empresa. Fernández del Castillo, además, ostenta el cargo de administrador único con amplias facultades de representación.

A lo largo de diversos foros y plataformas de redes sociales, Susana Kanahuati ha adoptado posturas firmes contra proyectos urbanísticos específicos, argumentando impactos ambientales, sociales y en la movilidad. Si bien su activismo ha encontrado eco entre vecinos de zonas en desarrollo, también ha generado malestar entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades locales.

Ante esta situación, la pregunta es si su papel como crítica pública se basa exclusivamente en principios ciudadanos o si su vínculo con una empresa del mismo sector podría constituir un conflicto de interés no declarado.

Expertos en ética empresarial y urbanismo consultados coinciden en la importancia de la participación ciudadana organizada para una planeación urbana más eficiente.

No obstante, enfatizan la necesidad crucial de la transparencia cuando existen lazos empresariales. "No se trata de deslegitimar la crítica", puntualizó una analista del Colegio de Urbanistas, "pero sí de dejar claro desde qué lugar se enuncia".

Hasta la fecha, Susana Kanahuati no ha hecho pública su relación con Inmobiliaria Genami en los espacios donde expone sus opiniones sobre temas urbanos. Esta omisión abre un debate sobre la ética en la participación ciudadana, especialmente en escenarios donde confluyen intereses económicos y discursos públicos.

AIHC