Asamblea Legislativa tiene alud de pendientes

CIUDAD DE MÉXICO.

En los 71 días que le restan del año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene que aprobar temas urgentes para la ciudad como la Ley de Reconstrucción, cuatro ordenamientos secundarios que se desprenden de la Constitución capitalina, la aprobación del Presupuesto 2018, y el nombramiento de más de 300 funcionarios del Sistema Anticorrupción.

Además, los diputados locales tienen por delante el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Esto debido a que los legisladores perdieron dos semanas de trabajo, tiempo que tardó en estar listo el peritaje oficial del recinto de Donceles y Allende, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

La Ley de Alcaldías es la secundaria más avanzada, pues desde hace meses se instaló una mesa, presidida por el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, que se dio a la tarea de analizar las diferentes iniciativas sobre el tema y está elaborando un predictamen, aunque no tiene facultades de dictaminar.

A principio de año se crearon instancias de discusión para avanzar en las leyes secundarias contempladas por las nuevas disposiciones plasmadas en la Constitución local. Sin embargo, la única que ha tenido sesiones públicas en las que cualquier ciudadano puede conocer los avances, es la de alcaldías.

Una vez que ésta tenga su predictamen, será turnado a la Comisión de Administración Pública Local, que preside el priista Adrián Ruvalcaba, que elaborará el dictamen final que será llevado al pleno de la ALDF.

Uno de los temas que debaten los legisladores que componen la mesa de Alcaldías es si se debe hacer una ley orgánica o una constitucional. El panista Andrés

Atayde se inclina por la primera y Fernando Zárate, del PVEM, por la segunda.

Atayde, en la última sesión de la mesa del miércoles pasado, argumentó que debe ser una ley orgánica, así está establecido en la Constitución de la Ciudad de México.

Zárate expuso que las leyes constitucionales tienen mayor jerarquía que las orgánicas y por esa razón, si a la Ley de Alcaldías se le da la categoría de constitucional, no entrará en conflicto con otras leyes y quedará establecido qué atribuciones le corresponden exclusivamente a las alcaldías. Es la oportunidad para establecer a quién le corresponde cada responsabilidad, consideró.

En la actualidad pareciera que el diseño normativo está hecho a propósito para que la corrupción sea la que mande, sin que se identifique quién es el responsable de cada cosa. Pero si se lleva a cabo una reforma constitucional para la Ciudad de México y se pretende gobernar de manera distinta, eliminar estos vicios, lo que tendríamos que hacer es definir responsabilidades a través de las leyes constitucionales”, dijo el legislador en entrevista.

Explicó que si el ordenamiento tiene jerarquía de ley constitucional, quedarán claras las atribuciones de las nuevas demarcaciones en materia de uso de suelo, protección civil, pavimentación, iluminación e incluso regulación de mercados.

Otro tema a debate que planteó Atayde es el de los ingresos autogenerados por las alcaldías. Expuso que está trabajando una propuesta “para que no suceda lo que ocurre ahora: el uso que hace la Secretaría de Finanzas de los autogenerados, incluirlos en el techo presupuestal de las delegaciones”.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Otra de las leyes secundarias sobre la que se empezó a hablar en días pasados en la ALDF es la de Administración Pública, que regirá a todas las dependencias del gobierno central.

El martes pasado la priista Dunia Ludlow, junto con Zárate y Xavier López Adame, del PVEM, y otros legisladores, como el perredista Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno, presentaron sendas iniciativas sobre el tema.

Nuestra iniciativa está más orientada a la modernización, actualización y simplificación de los procesos administrativos, en particular en materia de desarrollo urbano. Mientras que la iniciativa de Luna busca fortalecer las instituciones del poder ejecutivo, y su objetivo está más orientado al tema institucional”, señaló Ludlow a este diario.

Ese día en tribuna, expuso que su propuesta busca transparentar el proceso de otorgamiento de licencias de construcción. “Dejar atrás la discrecionalidad de los funcionarios y vigilar el crecimiento y desarrollo de la ciudad”, refirió.

Indicó que el sismo del 19-S mostró la vulnerabilidad de la ciudad. “Estamos expuestos a las consecuencias de vivir en una zona sísmica, pero también estamos expuestos a un marco normativo abigarrado que favorece la discrecionalidad y, a veces, la corrupción”.

El planteamiento de Luna, titulado Iniciativa para la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública, busca tener una administración más centralizada e incluye el modelo del gobierno de coalición, que ya se contempla en la Constitución de la CDMX.

También le corresponde a la Comisión de Administración Pública local tomar estas dos iniciativas, así como una tercera que presentó Morena. El proceso es analizarlas, ubicar similitudes y diferencias y empezar a elaborar un dictamen que más adelante habrá de ser llevado ante el pleno.

En cuanto a la Ley del Poder Judicial, le corresponde a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el priista Israel Betanzos, analizar las iniciativas que se han presentado al respecto. Hasta el momento no ha habido ninguna mesa pública para abordar el tema.

El hecho de que no se haga público no quiere decir que no se esté trabajando.
Se ha estado trabajando desde hace tres meses con los diferentes grupos parlamentarios; se están haciendo ajustes, es lo mínimo que nos falta para ponernos de acuerdo, vamos en 80 por ciento de avance”, sostuvo.

Reconoció que uno de los temas en los que será más difícil ponerse de acuerdo es la duración de los cargos del Poder Judicial, como son los magistrados. “Las diferencias las estamos dejando al final, en este momento nos estamos concentrando en las similitudes”.

Detalló que quienes están participando de forma más activa en la elaboración del predictamen son el panista Jorge Romero y el perredista Luna. “Estamos buscando que (el dictamen) sea por un bien ciudadano y no por un tema partidista”, indicó al calcular que dentro de diez días podría celebrarse una mesa pública sobre el tema.

La cuarta ley secundaria que está pendiente es la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La responsabilidad de dictaminarla recae en la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que preside el perredista José Manuel Ballesteros, y que ya empezó a analizar las diferentes iniciativas.

A la responsabilidad de aprobar estas cuatro leyes secundarias y se suma el pendiente de nombrar a más de 300 funcionarios del Sistema Anticorrupción. Sobre esto ha trascendido que este proceso se dará en diciembre, para que en enero del 2018 los funcionarios inicien sus funciones.

Al respecto, Luna ha insistido en que sí hay suficiente tiempo para sacar adelante todas las secundarias, pero no todos los legisladores son de la misma opinión.

Sí va a dar tiempo de que estén las leyes, de lo que no estoy tan segura es de que queden bien. Si de premura se trata podemos sacar lo que sea, pero sería un despropósito perder la oportunidad que nos da la Reforma Política de la ciudad para transformar los procesos institucionales y adecuarlos a la realidad que vivimos ahora”, aseguró la diputada Ludlow.