Investigan a Salgado por desvíos; contraloría general capitalina
El delegado podría haber usado maquinaria y trabajadores de Tláhuac a finales de 2016 para conectar el drenaje de la calle al restaurante La Carreta del Pacífico, administrado por una de sus sobrinas
CIUDAD DE MÉXICO.
La Contraloría General capitalina investiga al delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez, por la probable utilización de recursos públicos, humanos y materiales para realizar obras en beneficio del restaurante La Carreta del Pacífico, presuntamente administrado por una de sus sobrinas.
Excélsior tuvo acceso a un documento oficial en el que se asienta que el 20 de julio se integró un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones contra el funcionario.
Ahí se señala que a finales de 2016, con el uso de trabajadores y maquinaria de la Dirección de Obras y Servicios Urbanos de la delegación, se realizó una excavación a lo largo de 50 metros lineales para conectar la red de drenaje de la calle con la del establecimiento ubicado en avenida Tláhuac número 6030, colonia Santa Ana Poniente.
Sin embargo, esta acción, que tendría que haber sido realizada por el Sistema de Aguas de la CDMX, se llevó a cabo con recursos de la demarcación que aún no han sido cuantificados.
Durante mes y medio las cuadrillas trabajaron en el lugar y luego asfaltaron la calle.
El sábado 29 de julio, el Invea colocó sellos de suspensión a La Carreta del Pacífico por operar de manera irregular.
Ese día, este diario dio a conocer que el lugar era ubicado como refugio de integrantes del grupo criminal que comandaba Felipe de Jesús Pérez Luna.
Un reporte hecho por autoridades locales señala que en ese punto se reunían presuntos delincuentes, visión compartida por vecinos de la zona.
En diversas ocasiones Salgado Vázquez negó que tanto él como algún familiar estuvieran relacionados con la operación o propiedad de esta marisquería. No obstante, durante su comparecencia de ayer, el diputado perredista Iván Texta Solís mostró la escritura constitutiva número 107,528 del 20 de noviembre de 2015, avalada por Jorge Maldonado Guerrero, notario adscrito a la Notaría Pública 4, en la ciudad de Querétaro.
En ella se da a conocer que, con un capital fijo de 100 mil pesos, las accionistas del lugar son María Guadalupe Valdez Torres (accionista mayoritaria) y Araceli Salgado Vázquez, hermana del delegado.
La Contraloría también investiga el posible conflicto de intereses en la asignación de contratos públicos en favor de personas que favorecieron a Salgado Vázquez durante su campaña con donaciones.