Asamblea Constituyente; discordia por las alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO.

Las atribuciones de las alcaldías, nueva figura territorial que sustituirá a la de delegaciones en la Ciudad de México, será uno de los temas medulares que definirá la Asamblea Constituyente.

A un mes de instalada y definidas las comisiones y sus titulares, el órgano empezará en forma el trabajo legislativo esta semana.

Sobre las alcaldías hay visiones encontradas entre Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, pues mientras el primero concibe una con plena autonomía para recaudar impuestos, el sol azteca afirma que el artículo 122 de la Constitución federal lo impide; MC considera que sería un absurdo. Las bancadas tampoco coinciden en las facultades que tendrán los concejos, ni en el modelo de participación ciudadana.

“Las alcaldías deben tener plena autonomía incluso para recaudar impuestos, ése sería uno de los cambios sustanciales entre una delegación y una alcaldía”, señala Patricia Ruiz Anchondo, constituyente de este partido.

Al respecto, el perredista Manuel Oropeza destacó que aunque las alcaldías sí deberán tener más facultades en materia de servicios y se debe fortalecer su capacidad de gestión, la excepción es la hacienda pública. “Seguirá siendo unitaria, eso significa que es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México el cobro de los impuestos”.

Agrega que no se pueden trasladar facultades de recaudación de impuestos a las alcaldías porque no son municipios y el artículo 122 de la Carta federal se los impide.

Esthela Damián, de MC, sostiene que querer dotarlas de autonomía para recaudar impuestos es inviable. “Descentralizar facultades en términos de recaudación es una locura”.

La constituyente, quien presidió la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, explicó que el Impuesto Sobre la Renta sería un problema. “Hay delegaciones que aunque tengan dos millones de habitantes no van a recaudar lo mismo que la Miguel Hidalgo, Benito Juárez o Cuauhtémoc, con niveles de ingresos mucho más altos”.

El PAN señala que es fundamental que las alcaldías tengan capacidad de ejercer los recursos de manera directa, sin depender del gobierno central. “Que decidan sus ministraciones, que contraten y paguen las delegaciones, que deje de estar centralizada la administración de los recursos”, plantea Mauricio Tabe.

Insistió en que es fundamental reivindicar a los gobiernos locales, pero no comparte la propuesta de Morena de que las alcaldías tengan capacidad de recaudar impuestos, al considerar que es inconstitucional.

Para el PRI, de acuerdo con su propuesta programática de Constitución, las alcaldías deben tener plena autonomía de gestión y ejecución presupuestal y “esquemas fiscales justos y equitativos para una equitativa asignación de presupuestos para las demarcaciones territoriales”.

Oropeza señala que también deben tener mano para brindar servicios urbanos en vialidades que no son primarias o incluso en materia de verificaciones y uso de suelo, lo que no comparte Ruiz Anchondo.

“Si se establece un programa de desarrollo urbano de toda la ciudad, sería arma de doble filo darle a los alcaldes posibilidad de decidir sobre el uso de suelo, pues no sabemos qué intereses estarían protegiendo”, aseguró.

Tabe indicó que para los cambios de uso de suelo la ciudadanía tiene que ser tomada en cuenta y a las propias autoridades de las alcaldías se les tiene que considerar su opinión, pero aclaró que eso no significa que tengan la última palabra. “Eso fragmentaría la visión de conjunto de la ciudad y comprometería su funcionalidad”.

Para Damián no debe dársele a las alcaldías esta autoridad sobre el desarrollo urbano. “Le vamos a dar más peso al vecino que al alcalde en la definición de los usos del suelo, de manera directa a través de la consulta”.

En cuanto a seguridad pública, Morena busca que los alcaldes puedan nombrar a su jefe de la Policía. Movimiento Ciudadano es más de la idea que la ciudadanía defina a las cabezas de Sector, aunque reconocen el riesgo de que el crimen influya en las designaciones.

Ante esto plantean también un consejo ciudadano de seguridad pública que estudie los perfiles de los candidatos a jefes de Sector antes de que se sometan a consideración de la gente.

El PRD mantiene el modelo de Mando Único, responsabilidad del jefe de Gobierno, aunque con mecanismos de coordinación para que participen los alcaldes en la evaluación de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, en el ámbito de su territorio.

LOS CONCEJOS, OTRO DIFERENDO

Las alcaldías estarán administradas por un concejo integrado por al menos diez personas de diferentes partidos electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años.

Sobre las facultades de esta figura también hay desacuerdos, pues Oropeza sostiene que se deben limitar a conocer, discutir y avalar el proyecto de presupuesto elaborado por el alcalde para luego turnarlo al jefe de Gobierno y al Congreso, para su aprobación.

Ese concejo deberá presentar un programa de gobierno y aunque no tendrá facultades de ejecución, sí tendrá de evaluación y supervisión de la gestión del alcalde.

Ruiz Anchondo reviró que el concejo también debería tener facultades de ejecución. “Las mismas que tiene una regiduría en un municipio; por ejemplo en materia de seguridad tienen facultades consultivas y de ejecución de políticas públicas”.

Tabe opina que un concejo sin facultades de ejecución es válido siempre que no se utilice como instrumentos de extorsión y chantaje para no obtener ingresos. “Debemos analizar con qué mecanismos generamos contrapesos, para evitar que eso pase”.