Tras muertes en Santa Martha, anuncian plan integral en penales de CDMX
Los centros penitenciarios tendrán prioridad en atención a mujeres privadas de su libertad, en tanto la Fiscalía investiga los decesos.
Ante las recientes denuncias de los fallecimientos de mujeres bajo la custodia del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha de un plan integral para transformar y dignificar las condiciones del sistema penitenciario en la capital.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que a partir del mes de septiembre iniciará un proceso fundamental de mejoría material y de atención en los centros de reclusión, enfocándose prioritariamente en la población femenil. El programa, dijo, abarcará diversas medidas que van desde propuestas de amnistía hasta intervenciones directas en las condiciones de internamiento, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para velar por los derechos humanos y la reinserción social.
“Vamos a hacer varias transformaciones en este tema que es tan importante porque tiene que ver con la reinserción social, tiene que ver con la manera de cómo vemos, se tiene que tratar a las personas que se encuentran en este lugar”, dijo Clara Brugada.
Aunque en su edición del 19 de agosto, el equipo de Investigaciones Excélsior documentó seis muertes registradas durante 2026 en el penal de Santa Martha Acatitla —correspondientes a Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura—, el Sistema Penitenciario de la CDMX solo informó las causas del fallecimiento de cinco internas.
Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, detalló los diagnósticos médicos preliminares y señaló que dos fueron suicidio, uno broncoaspiración, uno por acidosis metabólica y uno por falla renal. El funcionario destacó que se mantiene una colaboración estrecha con la Fiscalía General de Justicia capitalina a través del Ministerio Público, aportando la información necesaria para el desarrollo de las carpetas de investigación correspondientes y garantizando el mínimo vital para las personas privadas de la libertad.
Estas acciones gubernamentales responden a la alerta emitida por familiares de las víctimas y organizaciones, quienes han señalado decesos ocurridos en lapsos breves y han solicitado esclarecer las causas, exigiendo también el fin de presuntas redes de extorsión, violencia e insuficiencia médica en el penal.