Hasta 6 años de cárcel y multas de más de 70 mil por engaños digitales en CDMX

La pena puede aumentar 50 por ciento si las víctimas pertenecen a grupos prioritarios como personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad.

Por: Jonás López

Los hackers buscan las contraseñas fáciles para cometer fraudes
Los hackers buscan las contraseñas fáciles para cometer fraudesFreepik

Los engaños digitales serán castigados con tres a seis años de prisión y multa de hasta 70 mil pesos en la Ciudad de México.

La pena puede aumentar 50 por ciento si las víctimas pertenecen a grupos prioritarios como personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad.

encarcelado
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Así lo establece el Artículo 231 Bis, el cual se adicionó al Código Penal mediante un decreto emitido por el Congreso de la Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno, el cual fue publicado este miércoles en la Gaceta Oficial.

El nuevo artículo sanciona a quienes obtengan información personal, financiera o de autenticación mediante engaños digitales.

A nivel global, el fraude digital se consolida como un problema económico de gran escala.
A nivel global, el fraude digital se consolida como un problema económico de gran escala.

A quien, mediante engaño digital consistente en la creación o uso de mensajes, páginas electrónicas, dominios, aplicaciones o cualquier otra interfaz tecnológica que simule ser legítima, induzca a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero o para causar un perjuicio, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización de multa.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad cuando la víctima sea persona con discapacidad o persona mayor, o cuando, para su comisión, afecte a persona menor de edad”, indica el nuevo artículo.

La medida entrará en vigor a partir de este jueves 23 de julio de 2026.

El decreto está firmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, entre otros diputados y servidores públicos.