El domingo pasado, la Fiscalía General de la República informó que, tras más de un día de audiencia, un juez finalmente dictó prisión preventiva al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en tanto avance su proceso penal. Las acusaciones en su contra derivan de alrededor de un año de investigaciones sobre una presunta red criminal de huachicol fiscal. Es decir, la introducción de combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas para evadir el pago de impuestos.
Durante años escuchamos que Ruffo era uno de los mayores ídolos de Acción Nacional por haberse convertido en el primer gobernador de la alternancia en el México moderno, se hablaba de la gran hazaña que representaba haber derrotado al PRI en su entidad. En consecuencia, su partido lo llevó en un par de periodos al Poder Legislativo e incluso se desempeñó como comisionado de la Frontera Norte de la Presidencia de la República con Vicente Fox, entre los años 2000 y 2003.
Tras su detención, el pasado 16 de julio, una larga lista de personajes de la oposición salió en su defensa pública. Sin embargo, la que más llama la atención es la de Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que el caso Ruffo revela una justicia discriminatoria, selectiva. Esta solidaridad con su compañero de partido sí que sorprende. El 10 de octubre de 2017, Calderón compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una columna de Jorge Fernández Menéndez en la que el autor señala que Ruffo dilapidó esa gubernatura y, más grave aún, su gente, incluyendo su hermano Claudio, le entregaron el control de Baja California a los Arellano Félix. Esto ocurrió mientras a Margarita Zavala le cerraban las puertas de la candidatura presidencial en el PAN.
Aunque Calderón no ha podido dar explicaciones sobre su propio exsecretario de Seguridad sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, no es la primera vez que señala a uno de sus compañeros de Acción Nacional. En su libro Decisiones difíciles sostiene que Jorge Romero Herrera, actual presidente nacional de su partido, se enriquecía a costa de asociaciones ambulantes de la Benito Juárez cuando éste gobernaba la alcaldía, lo que le representaba ganancias de 7 millones de pesos al mes, según confesó el propio Romero.
Más allá de la disonancia cognitiva panista que un día puede llevarlos a denunciar nexos criminales en su partido y al siguiente a respaldar al señalado, es penoso el desenlace de uno de los grandes orgullos del blanquiazul; sin mencionar el enorme perjuicio a la hacienda pública producto de la presunta actividad criminal de Ruffo, que, de acuerdo con la FGR, asciende a más de 4 mil millones de pesos. Para dimensionar, 4 mil millones de pesos equivalen al presupuesto que ejerce la alcaldía Cuauhtémoc en 2026.
El golpe resulta doblemente paradójico para la narrativa panista. Durante años, ese partido ha hecho de la legalidad, el Estado de derecho y el combate al crimen su principal bandera frente a los mexicanos. Ver a uno de sus grandes militantes señalado no por una falta administrativa menor, sino por una estructura de contrabando de combustible diseñada para evadir al fisco, desmantela por completo la retórica de la superioridad moral con la que pretendían diferenciarse del resto de los partidos.
La caída de Ruffo es, en el fondo, el colapso definitivo del mito fundador del PAN moderno. El hombre que en 1989 encarnó la ilusión de la alternancia y la supuesta mística ciudadana, termina hoy procesado por una trama de huachicol fiscal y evasión millonaria.
Entre el boquete a la hacienda pública y la memoria selectiva de sus correligionarios, la historia del exgobernador se reescribe sola: el pionero de la transición mexicana se convierte en el recordatorio más amargo de que el cambio de partido no nos libró de la corrupción; sólo le cambió el color a la camiseta.