Diputados proponen establecer reparación integral del daño por despojos

También se planteó reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para investigar con prontitud las denuncias por despojo

Ambas iniciativas se enviaron a comisiones para ser dictaminadas
Ambas iniciativas se enviaron a comisiones para ser dictaminadasFoto: Especial

Los diputados locales Valentina Batres, de Morena y Andrés Atayde, del PAN, presentaron dos iniciativas para enfrentar el delito de despojo. La de la morenista propone que el Ministerio Público inicie sin dilación las investigaciones cuando se trate de un caso de este delito, mientras que la del panista plantea la reparación integral del daño para las víctimas.

Atayde propuso agregar el artículo 806 al Código Penal local, para que una persona que se haya visto afectada por el delito de despojo tenga derecho a la reparación integral del daño.

La iniciativa de Atayde establece que la reparación integral del daño deberá cubrir el valor comercial actualizado del inmueble afectado, así como las rentas que se dejaron de cobrar durante el tiempo en el que ocurrió el delito de despojo.

Inmueble en calle Matías Romero 18, que sufrió por el delito de despojo.
Fotos: Archivo/ Ariel Rodríguez e Hilda Castellanos.

Batres propuso una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que cuando se trate de una investigación por despojo, el Ministerio Público esté obligado a “realizar sin dilación los actos de investigación necesarios para esclarecer la situación jurídica y material del inmueble”.

Y que las autoridades responsables de los registros públicos de la propiedad, catastros, archivos notariales atiendan “de manera prioritaria y expedita los requerimientos que les formulen el Ministerio Público o la policía, en el ámbito de sus respectivas competencias”.

La iniciativa de Batres también propone que una vez que el juez haya determinado la devolución del inmueble “se le deberá notificar a la víctima u ofendido, al imputado y a las personas que hayan acreditado o demostrado derechos sobre el bien”.

Y cualquiera de ellos puede impugnar la determinación ante el juez de control y éste convocará a las partes “a una audiencia en la que, después de escucharlas, resolverá sobre la legalidad de la determinación ministerial”.

Ambas iniciativas se enviaron a comisiones para ser dictaminadas.