No todo es BTS, se moderniza la relación

Alicia Salgado

Alicia Salgado

Cuenta corriente

El encuentro del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con la presidenta Claudia Sheinbaum, programada desde hace meses para este jueves 24 de septiembre, no sólo fue motivada por la carta que ella le enviara para lograr más fechas de conciertos de la banda de K-pop BTS, sino por la necesidad de revisar el marco legal de la relación comercial.

En 2008 se iniciaron conversaciones formales para la firma de un acuerdo comercial, pero en 2014 se paralizó por la poderosa industria siderúrgica, de maquinaria y equipo.

Hoy, las posibilidades de un acuerdo comercial aumentan, porque la nueva ola de inversión sudcoreana confirma el papel estratégico de México dentro de las cadenas globales de tecnología y manufactura avanzada. 

El centro de la negociación no es para proteger un sector, sino para dinamizar a la industria, pues el presidente Trump negoció en fast track un acuerdo comercial con Corea, vigente desde noviembre de 2025, que incluyó semiconductores, energía, inteligencia artificial y minerales críticos, áreas prioritarias en la negociación en curso de México con EU.

El acuerdo, al igual que con Japón y la Unión Europea, estableció una tasa arancelaria recíproca de 15% para diversos productos sudcoreanos que ingresan a Estados Unidos (incluyendo sectores como automóviles y autopartes, electrónicos y electrodomésticos).

Pero en este momento de la relación y negociación con EU, avanzar en un acuerdo comercial con Corea del Sur pasa por superar las preocupaciones de triangulación con el vecino del norte, por lo que sería cometer un error y grave. Los coreanos lo saben. 

Lo que se firma es la modernización del acuerdo de inversión, en el que se establecen condiciones que dan certeza a las inversiones coreanas y, eso pasa, en lo posible por el tema fiscal.

Hemos platicado los casos de Kia y Hyundai que amplían sus operaciones en Pesquería, o de Samsung, que encabeza Thomas Yun, que, con más de tres décadas de presencia en el país, el líder en electrónica y electrodomésticos ha construido una operación industrial que abastece a México y al continente desde aquí, ya acumula inversiones por 2.6 mil millones de dólares en fabricación y venta de productos que generan 13 mil 500 empleos directos y 45 mil indirectos en sus cinco plantas de manufactura. 

Sólo tenga presente: Corea del Sur es el segundo mercado de semiconductores más grande del mundo, con una cuota global de alrededor de 19%. El país lidera el segmento de memorias con una cuota de mercado de 60.5%, que incluye 7.5% de DRAM y el 52.6% de NAND y la mayor productora de semiconductores, DRAM es Samsung Electronics.

DE FONDOS A FONDO

#CDMX…  Sorpresas, enojo y desinformación permean la nueva estrategia de recatastración en la Zona Metropolitana de Valle de México. Al momento en que la Sedatu, que encabeza Edna Elena Vega Rangel, lanzó la consulta del Programa de Ordenación de la ZMVM: 16 alcaldías de la CDMX, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos, donde viven casi 23 millones de personas (Inegi), nadie duda que tiene un viso político y otro de recatastración en la primera mancha urbana del país.

A esta “consulta” se suma la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados y fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

De la propuesta deriva que ahora la Sedatu, definirá cuántos pisos se construyen en una calle y cuánto pagará por el predial, y propone revisar la base, cuotas y tarifas del predial para que el precio catastral sea igual a valor de mercado (la industria de edificación y vivienda mira con lupa y no está feliz), porque si la nueva zonificación hace que una colonia “valga más”, el predial sube, aunque tu ingreso no suba y, para variar el principio de la recatastración será: “Que pague más quien más tiene”. También plantea un gravamen a predios “baldíos o subutilizados” y, en “polígonos prioritarios” (gentrificación) para obligar a construir en 2 a 4 años o vender en subasta pública el terreno. ¿Quién decide qué es “subutilizado”? El gobierno. ¡No, pues con todo!