Despojo con más de dos décadas de lucha; San Rafael

Un ejemplo de lo que puede durar una batalla tras un despojo es la siguiente: después de 22 años de luchar para recuperar su condominio de 34 departamentos, invadido desde 2004, un juzgado determinó que éste debe regresar a sus legítimos dueños.

Se trata de Antonio Caso número 104 y 108, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, que el Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México intentó expropiar en 2014 para construir vivienda social.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa fue el que emitió tal determinación el 26 de febrero, dando diez días hábiles al Invi para su acatamiento, plazo que venció el pasado 11 de marzo.

Estableció que el Invi debe “emitir las órdenes y realizar las actuaciones administrativas que legalmente le correspondan para llevar a cabo el desalojo y la entrega material del inmueble”.

Para la desocupación tiene que solicitar el auxilio técnico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Ello porque en 2019 este último determinó que el edificio tenía alto riesgo estructural.

El juzgado también estableció en la sentencia que Inti Muñoz Santini, en su carácter de director general del Invi, debe acreditar ante el juzgado que cumplió con la ejecutoria del amparo, de lo contrario “se impondrá multa por 100 días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México” y el incumplimiento incluso podría “culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

El juzgado actuó con base en la sentencia que emitió el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación el pasado 6 de febrero.

Unos de los dueños de Antonio Caso 104 y 108, quien pidió el anonimato por temor a represalias. expresó a Excélsior que la afectación a la estructura del edificio “ocurrió porque desde 2004, cuando comenzó la invasión del inmueble, no le han dado ningún mantenimiento, y si a una construcción como esá, que es un edificio que está pegado, amalgamado y no tiene columnas ni trabes, no se lleva a cabo el sellado, se empieza a meter la humedad y el edificio puede implosionar.

“De acuerdo con la ley de amparo, el Invi nos tendría que devolver el edificio en el estado en el que estaba en el 2004 (…), es decir, que tendrían que demolerlo y reconstruirlo.

“El edificio era de mi abuelito, después fue de mi mamá, y ahora es de mis hermanos y mío, así está establecido en un fideicomiso”.

El largo camino

El viacrucis de los dueños de Antonio Caso 104 y 108 —que son cinco hermanos adultos mayores— comenzó en 2004, cuando Raquel Almanza, acompañada por un grupo de personas, invadió el edificio ubicado en un terreno de mil metros cuadrados.

Fueron apropiándose del espacio poco a poco: primero departamentos, luego locales comerciales, como lo publicó este diario el 4 de julio de 2022.

Ante esa situación, los dueños abrieron averiguaciones previas por despojo contra los invasores en 2006, 2007 y 2010, pero los jueces enviaron esas averiguaciones al no ejercicio de la acción penal, por considerar que “no tenían suficientes elementos”.

En 2013, “el Invi trató de expropiar el edificio y cuando estaban en el proceso de expropiación mandaron a hacer un análisis estructural para decir que el edificio estaba dañado, lo cual era falso, pero lo hicieron porque si me expropiaban sólo me tenían que pagar el terreno y no la construcción”, aseguró la fuente consultada.

Sin embargo, en 2014 un juez federal precluyó el procedimiento de expropiación: “Determinó que no se podía llevar a cabo porque no existía interés público (…). Como no se llevó a cabo la expropiación, el Invi tenía que habernos regresado el edificio, pero no lo hizo. Yo les envié un oficio, pero nunca me contestaron”, narró uno de los dueños consultados.

Entonces retomaron una serie de batallas interminables en los juzgados y fue hasta agosto del año pasado que el juez sexto de distrito les otorgó el amparo número 1454/2022-III.

“El juez nos dio la razón y estableció que el Invi había tomado nuestro inmueble de manera ilegal, que no habían acreditado ser poseedores legítimos del edificio y por tanto no podrían pedir un crédito para construcción: los declaró invasores”, detalló.

El Invi presentó un recurso de revisión ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pero el pasado 6 de febrero ese tribunal determinó que el ente público debe desalojar el inmueble y devolverlo a sus legítimos dueños.

El 26 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa ordenó que se cumpliera lo establecido por el tribunal colegiado.

Este diario consultó al Invi para saber cuál es su postura al respecto y respondió que “dará cumplimiento a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales”, sin embargo, negó “categóricamente haber consentido o tolerado alguna ocupación ilegal del inmueble”.

En su respuesta a este diario, expuso, además, que “nunca tuvo la posesión jurídica del predio, ya que, si bien en su momento se emitió una declaratoria de utilidad pública, el procedimiento correspondiente no concluyó con la emisión de un decreto de expropiación, por lo que nunca se realizó la transmisión de la posesión a este instituto”.

Los dueños afirman que en la sentencia que emitió el tribunal colegiado el 6 de febrero se establece que el Invi tuvo la posesión del inmueble desde 2005 y señalaron que están a la espera de que cumpla la sentencia del Juzgado Sexto.