Masacre y narcomensaje ponen contra las cuerdas al gobierno de David Monreal
La difusión de una grabación adjudicada a "Los Mayos" coloca en crisis al gobierno de David Monreal, al denunciar supuestos acuerdos incumplidos tras la ejecución de exfuncionarios, empresarios y un exalcalde.
La estrategia de “pacificación” promovida por el gobernador David Monreal quedó bajo una nueva sombra tras el asesinato de diez hombres en Zacatecas y la difusión de un video en el que integrantes del Cártel de Sinaloa se atribuyen la masacre, lanzando amenazas y asegurando que existen acuerdos incumplidos con autoridades estatales.
La grabación, difundida el 20 de julio, muestra a cerca de veinte hombres encapuchados y armados. Los sujetos se identifican como miembros de “Los Mayos” y “Los Cabrera”, facciones vinculadas con el Cártel de Sinaloa, y afirman que los homicidios fueron cometidos “por encargo”. También exigen a Monreal respetar supuestos pactos con ellos y con corporaciones de seguridad.
Las acusaciones no han sido comprobadas y el video tampoco ha sido autenticado oficialmente. Sin embargo, su contenido coloca al mandatario frente a una crisis que no puede atenderse sólo con despliegues policiacos o discursos sobre reducción de homicidios. Los señalamientos obligan a investigar posibles vínculos, omisiones o protección institucional.
Entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio fueron localizados diez cuerpos en tres municipios. Cinco estaban suspendidos de un puente de la carretera federal 54, en Pánuco; cuatro fueron abandonados cerca de una clínica del IMSS, en Morelos, y uno más apareció en la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de Sain Alto.
Las víctimas habían sido privadas de la libertad días antes. Los peritajes establecieron que ocho murieron por asfixia y dos por disparos. Entre ellas estaban el exalcalde de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez; Fidel Alvarado de la Torre, funcionario de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante de Protección Civil; el dirigente ganadero José Ángel Valdez Rivera, empresarios y un exregidor de Durango.
La Fiscalía estatal investiga posibles extorsiones, movimientos financieros y una eventual participación de servidores públicos, aunque hasta ahora no existen imputaciones contra funcionarios.
Monreal sostiene que Zacatecas registra una reducción histórica de homicidios, pero la masacre exhibe una realidad incómoda: grupos criminales conservan capacidad para secuestrar, ejecutar, trasladar cuerpos y difundir propaganda armada sin ser detectados.
Después de los hechos fueron desplegados alrededor de 400 elementos federales y estatales. La reacción llegó cuando diez personas ya habían sido asesinadas y una organización criminal se presentaba como interlocutora del poder público.
El desafío para David Monreal no consiste sólo en detener a los autores materiales. Su gobierno debe explicar quién ordenó los homicidios, por qué fueron elegidas las víctimas y si alguna autoridad facilitó información, protección o impunidad.
Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la narrativa de pacificación quedará enfrentada con ejecutados, con cuerpos colgados de un puente y a un grupo armado que acusa al gobernador de incumplir acuerdos que nadie ha esclarecido.