Ley de Economía Digital: inclusión financiera dependerá de cómo se aplique la regulación.

La transición hacia una economía con mayor uso de pagos digitales en México no dependerá únicamente de contar con plataformas tecnológicas, sino de que la población y los negocios encuentren en ellas una alternativa accesible, segura y conveniente. Ese es uno de los principales desafíos que enfrenta la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuya discusión legislativa coloca en el centro la adopción de medios de pago distintos al efectivo.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre y avanzó en comisiones del Senado el 14 de octubre. Su implementación contempla cambios para ampliar la aceptación de pagos electrónicos, facilitar la contratación digital de servicios financieros y promover la interoperabilidad entre los participantes del sistema. Al 19 de octubre, el proyecto seguía pendiente de votación en el pleno del Senado.

En este contexto, Broxel, empresa mexicana especializada en infraestructura de pagos, considera que la reglamentación será determinante para que la digitalización se traduzca en una mayor inclusión financiera. Gustavo Gutiérrez, CEO de la compañía, advirtió que el alcance de la iniciativa dependerá de las decisiones que se tomen después de su aprobación legislativa.

“Los términos de este debate y su posterior reglamentación determinarán si México consolida la digitalización de sus pagos o si únicamente transitamos hacia un cambio administrativo de ventanilla”, señaló.

El reto consiste en lograr que la modernización de las transacciones no se limite a cambiar el medio con el que se paga, sino que facilite el acceso y el uso cotidiano de los servicios financieros.

El efectivo sigue presente en las operaciones cotidianas

México cuenta con infraestructura para realizar transferencias y pagos electrónicos mediante sistemas como SPEI, CoDi y DiMo, además de soluciones basadas en códigos QR. Sin embargo, la disponibilidad de estas herramientas no se ha traducido en una sustitución generalizada del efectivo.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 reportó que 85.2% de las compras menores a 500 pesos se realizan en efectivo. Por su parte, la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024 indicó que 86% de los micronegocios cobra de esa manera.

Estas cifras reflejan una brecha entre la infraestructura disponible y los hábitos de pago de consumidores y establecimientos. Para los pequeños negocios, la transición también implica considerar factores como la conectividad, la disponibilidad de dispositivos, los costos de operación y la capacidad para resolver fallas técnicas.

Desde la perspectiva de Broxel, la adopción de medios digitales requiere que las personas perciban beneficios concretos frente al efectivo, como mayor comodidad, seguridad y confiabilidad. “El objetivo estratégico debe centrarse en posicionar al dinero digital como la opción superior en conveniencia, seguridad y confiabilidad; la población adopta alternativas digitales cuando percibe un beneficio tangible”, afirmó Gutiérrez.

La legislación busca establecer condiciones para extender el uso de estos instrumentos, pero la forma en que se definan las obligaciones y los plazos será relevante para evitar que las diferencias de infraestructura se conviertan en una barrera adicional para los sectores que se pretende incorporar.

CURP Digital e interoperabilidad, entre los cambios previstos

Entre los elementos de la iniciativa se encuentran el reconocimiento de la CURP Digital y del Expediente Digital Ciudadano como herramientas para facilitar la contratación remota de servicios financieros. También contempla disposiciones relacionadas con las cuentas simplificadas, la aceptación de pagos con códigos QR y la interoperabilidad entre los participantes del ecosistema.

La interoperabilidad permite que diferentes instituciones y plataformas puedan operar de manera compatible, sin que las personas usuarias dependan exclusivamente de un proveedor o de una red particular. Su alcance puede ser relevante para ampliar las alternativas de pago y facilitar la participación de entidades bancarias y no bancarias.

Para que este principio funcione, las reglas deben establecer condiciones claras para los distintos participantes. Broxel sostiene que las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs), las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMs) y las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs) deben tener acceso a condiciones e infraestructura que les permitan competir en igualdad de circunstancias.

La participación de estas entidades es relevante porque pueden atender a segmentos de la población y de los negocios que mantienen una relación limitada con la banca tradicional. Un entorno interoperable puede ampliar las opciones disponibles, siempre que las reglas técnicas y regulatorias no generen ventajas injustificadas para determinados proveedores.

Remesas: recibir el dinero digital no garantiza utilizarlo así

El flujo de remesas ofrece otro ejemplo de los desafíos de la digitalización. En 2025, 99.1% de estos recursos ingresó a México mediante transferencias electrónicas; sin embargo, cerca de la mitad se cobró en efectivo, según las cifras presentadas por Broxel.

La diferencia entre recibir y utilizar el dinero digital muestra que la apertura de una cuenta no necesariamente conduce a un uso más amplio de los servicios financieros electrónicos. Las personas también necesitan opciones prácticas para conservar, administrar y gastar esos recursos mediante canales digitales.

La Tarjeta Finabien, que facilita la apertura de cuentas desde Estados Unidos, se presenta como un ejemplo de política pública orientada a conectar la recepción de remesas con servicios financieros. El desafío posterior consiste en que los recursos puedan utilizarse en más operaciones cotidianas sin que las personas deban retirarlos en efectivo por falta de aceptación, acceso o confianza.

Al respecto, Gutiérrez señaló que la inclusión financiera debe contemplar el uso efectivo de los servicios y no solamente la posibilidad de acceder a ellos. “La inclusión financiera no se agota en abrir cuentas; el verdadero valor está en asegurar que su uso trascienda la mera recepción de fondos”, explicó.

Ampliar el uso de pagos electrónicos en este ámbito requiere, por tanto, que los comercios y proveedores acepten estos instrumentos y que las personas encuentren razones concretas para mantener sus recursos en canales digitales.

Tres desafíos para la regulación secundaria

Más allá de la aprobación legislativa, la aplicación de la Ley de Economía Digital dependerá de las disposiciones que definan las obligaciones de los participantes. Broxel identifica tres áreas que considera relevantes para su implementación.

1. Aplicación gradual y con criterios objetivos. La iniciativa contempla que la Secretaría de Hacienda determine los sectores en los que los pagos digitales serán obligatorios una vez que la ley entre en vigor. Entre los primeros sectores perfilados se encuentran las gasolineras y las casetas.

Para Broxel, esa transición debe considerar criterios públicos, como la cobertura de conectividad por municipio, las alternativas tecnológicas disponibles, los plazos escalonados y los mecanismos de contingencia. El objetivo sería evitar que la obligatoriedad se aplique de la misma manera en zonas con condiciones de infraestructura muy distintas.

La empresa señala como ejemplo a Chiapas, donde la cobertura de internet es inferior a 58%, según los datos que presenta. En territorios con limitaciones de conectividad, la posibilidad de realizar pagos digitales puede depender de factores que no están bajo el control de los consumidores o los establecimientos.

Gutiérrez advirtió que establecer obligaciones sin considerar estas diferencias puede generar el efecto contrario al que busca la ley: “Imponer la obligatoriedad sin garantizar acceso equivale a excluir con otro nombre a quienes la ley busca integrar”.

La gradualidad y las excepciones operativas adquieren importancia para que la transición no impida realizar una compra o un pago cuando existan fallas de red o falta de acceso a los servicios tecnológicos.

2. Estándares comunes de ciberseguridad. El crecimiento de las transacciones digitales también exige fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante el fraude. A medida que aumenta el número de operaciones electrónicas, resulta necesario proteger los datos, autenticar adecuadamente a los usuarios y detectar movimientos sospechosos.

Broxel propone que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México establezcan lineamientos mínimos de seguridad para los proveedores que operen en sectores estratégicos. Entre las medidas que plantea se encuentran la seguridad certificada, el monitoreo antifraude en tiempo real, la autenticación robusta y los protocolos para reportar incidentes.

La existencia de criterios homogéneos permitiría establecer una base común de protección y reducir las diferencias entre proveedores. También facilitaría la respuesta coordinada ante incidentes que puedan afectar a usuarios, comercios o instituciones financieras.

“Sin un piso común de ciberseguridad, los eslabones más débiles de la cadena se convierten en el punto de entrada de los actores maliciosos”, apuntó Gutiérrez.

3. Condiciones equitativas para competir. El tercer punto es la interoperabilidad bajo reglas comparables. La experiencia internacional de sistemas de pagos abiertos, como los desarrollados en India y Brasil, forma parte de los referentes que se mencionan en el debate sobre cómo ampliar el acceso a los pagos digitales.

La propuesta de Broxel es que las instituciones bancarias y no bancarias puedan utilizar las infraestructuras de pago bajo condiciones equivalentes, con reglas claras de acceso y operación. Esto incluye a las SOFIPOs, SOFOMs e IFPEs, que participan en la atención de segmentos con menor acceso a los servicios bancarios tradicionales.

La interoperabilidad puede contribuir a ampliar la competencia y las alternativas disponibles para los usuarios, siempre que su aplicación no se traduzca en barreras técnicas o regulatorias para determinados participantes.

La inclusión financiera va más allá de abrir una cuenta

El avance de la Ley de Economía Digital plantea una oportunidad para ampliar el uso de los pagos electrónicos, pero también abre preguntas sobre la manera en que se distribuirán las obligaciones y se atenderán las diferencias regionales.

La conectividad, la seguridad, la interoperabilidad y la capacidad de los comercios para recibir pagos son factores que inciden directamente en la adopción. Si alguno de ellos queda rezagado, la disponibilidad de herramientas digitales podría no traducirse en un uso cotidiano más extendido.

Para Broxel, el resultado dependerá de una transición ordenada, de estándares compartidos de ciberseguridad y de condiciones que permitan la participación de distintos proveedores. La regulación secundaria tendrá que convertir esos principios en criterios operativos que puedan aplicarse en contextos económicos y tecnológicos diversos.

Al sintetizar su postura sobre la iniciativa, Gutiérrez destacó que el reto estará en traducir el marco legal en condiciones que permitan una adopción amplia y segura de los pagos electrónicos.

“La iniciativa tiene el diagnóstico adecuado y los instrumentos normativos necesarios. Su éxito dependerá de una transición gradual y ordenada, de una ciberseguridad compartida por todos los actores y de un piso parejo que permita a cada participante contribuir a la inclusión financiera que México necesita”, concluyó el CEO de Broxel.

La meta de una economía con mayor uso de pagos digitales no se limita a reducir el efectivo: implica facilitar transacciones confiables, ampliar las opciones para consumidores y negocios y permitir que más personas participen de manera efectiva en el sistema financiero.