Senado aprueba reforma para limitar pensiones de funcionarios públicos

El Senado aprobó una reforma al artículo 127 constitucional para limitar las pensiones de funcionarios públicos a la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.

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Sesión ordinaria en el senado de la Republica, donde fue aprobado el dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de montos de pensiones y jubilaciones con recursos públicos.Elizabeth Velazquez

El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución que fija un límite a las pensiones de funcionarios públicos, las cuales no podrán superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.

La reforma al artículo 127 constitucional fue avalada en lo general por unanimidad con 116 votos a favor. En lo particular obtuvo 109 votos a favor y seis abstenciones. Tras su aprobación, la Mesa Directiva ordenó remitir el dictamen a la Cámara de Diputados para su análisis.

La medida busca evitar que se mantengan esquemas de retiro que permiten a ex directivos y altos mandos recibir montos por el concepto de pensiones muy superiores a los ingresos de la mayoría de los pensionados del país.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de reducir las jubilaciones consideradas excesivas dentro de empresas del Estado y organismos públicos, donde algunos ex funcionarios llegan a recibir pensiones superiores al millón de pesos mensuales.

¿Qué establece la reforma?

El proyecto establece que los funcionarios públicos de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado y otras entidades del sector paraestatal no podrán recibir una pensión superior a la mitad de la remuneración asignada a la Presidencia de la República.

La medida también aplicará a:

  • Sociedades nacionales de crédito
  • Empresas de participación estatal mayoritaria
  • Fideicomisos públicos que formen parte de entidades paraestatales
  • Organismos descentralizados y empresas públicas de estados y municipios

La reforma precisa que los contratos laborales, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que regulen las relaciones laborales no podrán establecer pensiones que superen este límite.

Además, el proyecto señala que los entes públicos deberán revisar y, en su caso, modificar sus disposiciones internas para ajustarlas a lo previsto en la reforma constitucional.

Pensiones vigentes deberán ajustarse

Uno de los artículos transitorios establece que las jubilaciones o pensiones que ya hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma también deberán ajustarse al límite fijado, siempre que no formen parte de los esquemas excluidos.

Entre las excepciones se encuentran:

  • Pensiones de las Fuerzas Armadas
  • Jubilaciones derivadas de aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales
  • Pensiones financiadas con aportaciones sindicales en esquemas complementarios
  • Pensiones no contributivas

Posturas de los grupos parlamentarios

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma busca ordenar el sistema de pensiones financiadas con recursos públicos.

Señaló que existen casos de jubilaciones con montos elevados que generan presiones presupuestarias para el Estado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, sostuvo que la reforma responde al principio de moderación entre riqueza y pobreza planteado en los Sentimientos de la Nación de José María Morelos.

El senador Saúl Monreal Ávila, de Morena, indicó que la modificación fortalece la política de austeridad en el gasto público y busca establecer equidad en el sistema de remuneraciones del servicio público.

Desde la oposición también hubo respaldo al dictamen. El senador del PAN José Máximo García López votó a favor y señaló que el límite representa una medida de responsabilidad en el manejo de recursos públicos, aunque advirtió problemas de técnica legislativa al tomar como referencia el salario presidencial.

La senadora del PRI Carolina Viggiano Austria consideró que el tope debió fijarse en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y cuestionó que la medida no incluya a integrantes del Poder Judicial.

En tanto, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, apoyó la reforma al señalar que podría generar ahorros estimados en cinco mil millones de pesos al año, aunque expresó preocupación sobre posibles efectos en pensiones ya otorgadas.

Las propuestas de modificación presentadas por legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN fueron rechazadas por la asamblea.

RLO