Partido Verde respalda mesas de diálogo en el Senado para consolidar la Ley General contra el Feminicidio
Partido Verde llama a fortalecer fiscalías especializadas ante el debate sobre feminicidio
El inicio de las “Mesas de diálogo para el análisis y formulación de propuestas de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio” constituye una oportunidad fundamental para fortalecer la respuesta del Estado ante la violencia contra las mujeres.
En el marco de este proceso iniciado por el Senado de la República para analizar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido Verde respaldó la discusión y recordó la trascendencia de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2024, la cual incorporó la obligación de que las instituciones de procuración de justicia en las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas en delitos de violencia de género.
Frente a este escenario, el instituto político enfatizó que la homologación del delito de feminicidio y el establecimiento de estándares nacionales de investigación son pasos indispensables para combatir la impunidad y la revictimización.
El Partido Verde sostuvo que estas instancias resultan cruciales para ofrecer una atención técnica adecuada e investigación con perspectiva de género, subrayando que el desafío prioritario radica en concretar instituciones eficaces. Como posición central, el partido puntualizó que “ahora el reto es que esta disposición se traduzca en instituciones eficaces en los 32 estados y contribuya a reducir la impunidad en los casos de violencia y feminicidio”.
En el seguimiento de este proceso legislativo y de política pública, la iniciativa busca consolidar criterios uniformes de prevención y sanción a nivel nacional. El diálogo convocado reúne a legisladores, especialistas, académicos, organizaciones civiles, autoridades y familiares de víctimas con el propósito de perfeccionar el marco jurídico e institucional.
Con ello, se pretende asegurar que los mandatos legales se conviertan en mecanismos operativos capaces de garantizar el acceso a la justicia y reducir de manera drástica los índices de violencia de género en todo el país.