Llevan al Tribunal Electoral exigencia de aplazar elección judicial
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) solicitó formalmente a la Sala Superior declarar la incompatibilidad constitucional de celebrar la elección judicial simultáneamente con los comicios federales de 2027
En la espera del visto bueno presidencial para la reforma legislativa que postergaría a 2028 la elección judicial, el Tribunal Electoral recibió la solicitud de que se declare la incompatibilidad de esa jornada con los comicios federales del próximo año.
La petición fue formulada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo el argumento de que el INE no puede organizar simultáneamente dos elecciones que en la Constitución Política de México se sustentan en mandatos que se contraponen.
El argumento es que mientras el decreto que dio paso a las elecciones judiciales excluye a los partidos políticos, tanto en el Segundo Transitorio como en la modificación del Artículo 96 de la Constitución, en el caso de las elecciones ordinarias es obligatoria su participación, como se indica en el Artículo 41.
El recuerdo presentado es una acción declarativa que pide a los siete magistrados de la máxima instancia del TEPJF pronunciarse sobre lo que la CNLE califica como “una contradicción entre principios constitucionales que hace inviable celebrar simultáneamente la elección del Poder Judicial y las elecciones ordinarias de 2027”.
Mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), Litigio Estratégico, dirigido por Mariana Calderón Aramburu, solicita a la Sala Superior que se pronuncie respecto a la coexistencia de ambos mandatos que califica de contrapuestos.
Atender la petición del CNLE implicaría que los magistrados determinen una interpretación que permita el cumplimiento de ambos mandatados, para lo cual los litigantes plantean la necesidad de postergar la elección judicial a 2028 y de requerirle al Congreso que convoque a un periodo extraordinario para ajustar la incompatibilidad de la Constitución.
“Cada día que transcurre sin resolver esta contradicción, acerca al sistema electoral mexicano a un escenario de contradicción constitucional sin precedente”, argumenta Mariana Calderón.
“¿Cómo puede el INE operar con partidos y sin partidos al mismo tiempo? No puede. La contradicción se replica en las Juntas Locales, Distritales y en las propias casillas electorales”, señala la directora de Litigio Estratégico.
Para los expertos que han acudido a la Sala Superior, de no resolverse esta contradicción de ponen en riesgo los derechos al voto, a ser votado, la certeza electoral, pero también la independencia judicial.
Explican que la incompatibilidad que se sometió a consideración de la Sala Superior se desprende de la propia arquitectura normativa de la reforma judicial, toda vez que ésta excluye y con razón a los partidos políticos. “Se trata de una condición de diseño institucional, pues la independencia judicial exige que esos procesos queden al margen de la lógica partidista”.
En su alegato señalan que, sin embargo, “el artículo 41 constitucional establece con igual claridad que los partidos políticos son entidades de interés público cuya participación en las elecciones ordinarias es estructural e irrenunciable. Su presencia en el Consejo General del INE, en las Juntas Locales, en las Juntas Distritales y en las propias casillas electorales no es una formalidad, sino una garantía constitucional de la democracia”.
En el JDC presentado a los magistrados detallan que “el problema es que ambos procesos recaerían en el mismo órgano: el INE”.
Enfatiza Litigio Estratégico que el problema no es de validez, sino de compatibilidad. “Existen dos sistemas normativos, ambos constitucionales, que resultan irreconciliables en su aplicación simultánea. Lo que se solicita es que la Sala Superior, en su calidad de máxima autoridad jurisdiccional electoral y garante de la legalidad y constitucionalidad de los procesos democráticos, reconozca formalmente esta contradicción y determine una interpretación viable”.
Se alerta que la preparación de los procesos electorales de 2027 inicia en septiembre próximo y que “sin un pronunciamiento previo de la Sala Superior, el INE se vería forzado a organizar un proceso que, en su diseño actual, presenta una contradicción constitucional sin precedente en la historia electoral del país”.
Confía el CNLE que la Sala Superior asumirá su responsabilidad como intérprete último de la Constitución en materia electoral.
La petición de Litigio se suma a los pronunciamientos de consejeros y magistrados electorales, en el sentido de que es urgente separar los comicios judiciales de los ordinarios de 2027, así como a la iniciativa de reforma que legisladores de Morena presentaron a finales de abril.
La propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y del senador Javier Corral, entre otros, busca actualizar 10 artículos de la Constitución para mejorar las reglas de selección de los aspirantes a juzgadores y posponer a 2018 la elección, dándole mayores atribuciones al INE.
Debido a que el calendario electoral de 2027 inicia en septiembre próximo, el cambio tendría que concretarse en un periodo extraordinario de sesiones este mes, el cual será solicitado si la Consejería Jurídica de la Presidencia da su aval a la propuesta de los morenistas en las próximas horas.