No es sólo la opinión del doctor Diego Valadés, el más prestigiado de nuestros constitucionalistas. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito estableció que cuando un gobernador solicita licencia pierde la inmunidad procesal, es decir, no hace falta la declaración de procedencia para ejecutar la orden de aprehensión por delitos a los que se asigna prisión preventiva oficiosa. Si el inculpado recurre al juicio de amparo debe negársele la suspensión provisional porque el fuero o inmunidad procesal no es para proteger al individuo sino para garantizar la función pública.
La exigencia de “pruebas contundentes e irrefutables” que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum no es sostenible jurídicamente, pues la extradición no es un juicio penal en el que se dilucide la culpabilidad o inocencia del inculpado, sino un procedimiento administrativo para decidir si se extradita a la persona requerida por otro Estado. El tratado México-Estados Unidos sobre extradición no exige probar la culpabilidad. No podría exigirlo: la demostración de la culpabilidad se requiere en el juicio, hasta la sentencia.
El artículo 119 constitucional permite la detención hasta por 60 días. Es una medida cautelar, no una pena consecuencia de una condena. Las pruebas sobre cuerpo del delito y probable responsabilidad corresponden a la solicitud de extradición. Ni la Presidenta ni la Fiscalía General de la República (FGR) están facultadas para requerir un nivel probatorio “contundente e irrefutable” para proseguir el procedimiento.
Sólo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum el Estado mexicano ha concedido más de 90 extradiciones al de Estados Unidos sin exigir pruebas contundentes e irrefutables. El tratado de extradición entre ambos Estados no exige prueba plena. En esas extradiciones la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó a la FGR la solicitud y ésta procedió a atenderla. Nadie cuestionó en el círculo del poder el procedimiento. Nadie exigió que se demostrara la culpabilidad de los extraditados. Ni la doctora Sheinbaum, por supuesto.
El régimen de la 4T ha afectado a no pocos gobernados sin que haya necesitado pruebas. Congeló las cuentas del ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora y varios de sus familiares no sólo sin pruebas de que hubieran incurrido en alguna conducta ilícita, sino incluso sin que se les hubiera hecho una imputación. Se trató de una extorsión a fin de que Medina Mora renunciara a la Corte.
A Murillo Karam lo encarceló y lo mantiene en prisión domiciliaria bajo la grotesca acusación de desapariciones forzadas cuando él resolvió la desaparición de los 43 normalistas y logró someter a proceso a más de 100 presuntos responsables.
A Alejandra Cuevas la mantuvo presa más de 500 días por el delito de ser sobrina política del fiscal Alejandro Gertz Manero. A 31 prestigiados científicos los persiguió encarnizadamente e intentó refundirlos en una cárcel de alta seguridad por el delito de ser científicos. A Isabel Cal y Mayor, nuera de José María Riobóo, pretendió encarcelarla porque su cónyuge comía y bebía tan pantagruélicamente que sus excesos lo llevaron a la muerte.
Claudia Sheinbaum exige pruebas contundentes e irrefutables para el procedimiento de extradición de su correligionario al que le ha brindado apoyo constante cerrando los ojos ante fechorías manifiestas. Pero sin ese elevado estándar probatorio se dicta prisión preventiva y con sólo sospechas o indicios se le pueden congelar sus cuentas a cualquier persona.
En el Estado de derecho todos debemos ser iguales ante la ley. Pero Sheinbaum exige pruebas contundentes e irrefutables para la extradición de Rocha Moya y, en contraste, no requirió prueba alguna para extraditar a Estados Unidos a más de 90 inculpados.
La invocación a la soberanía y la dignidad nacional es ridícula. Equivale a decir: “Los narcopolíticos serán unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta”. ¿Rocha Moya es el emblema de la patria? La Presidenta de México debiera proceder como líder del Estado mexicano y no como jefa de una asociación delictuosa, de una pandilla que ha lucrado económica y políticamente con la asfixiante presencia del crimen organizado en nuestro país.