Seguridad incierta

Atrás. Diez de once ministros declararon inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Tal vez la coyuntura no le permitía un final distinto; desde su presentación, la ley fue polémica y sumamente criticada, pues daba a la fuerza militar facultades para gestionar temas de seguridad pública, y por ello provocó la organización de colectivos que ayer habrán celebrado la decisión de los ministros, quienes consideraron que, además, el Congreso no tiene facultad para legislar en esta materia. Era un desenlace esperado: el martes, durante la primera sesión de deliberación, se contaron seis votos a favor de invalidar la ley, ayer sumaron el resto de los necesarios, ocho, y agregaron dos más. Los ministros concluyeron que sólo el Ejecutivo Federal está facultado para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad; por si fuera poco, subrayaron que la ley tuvo vicios de origen en el procedimiento legislativo que derivó en su aprobación. Todo mal, pues.

Y vaya día para esta resolución. Estábamos en la relectura de lo presentado el miércoles por Andrés Manuel López Obrador, su Plan Nacional de Paz y Seguridad, con el que se combatirá a la corrupción con la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, se tipificará como delito grave, sin libertad bajo fianza; también, nos dicen, garantizará empleo, educación, salud y bienestar con la implementación de programas sociales; además establece la redacción de una Constitución Moral para mejorar relaciones sociales; también se recuperarán las cárceles y se dignificarán las condiciones de los internos.

En esto estábamos, algunos evaluando, otros conteniendo el descontento. Porque además de las medidas anteriores, el plan confirma la permanencia de la fuerza militar en las calles. En esto estábamos, escuchando las precisiones que siguieren al anuncio del Plan de AMLO: los soldados y marinos que actualmente están en las calles regresarán a los cuarteles el 1º de diciembre, sólo algunos policías federales seguirán en las calles, el resto serán reemplazados por ocho mil policías navales y militares, según informó Alfonso Durazo, el artífice y quien operará la estrategia. En eso andábamos cuando la Corte resuelve, sin querer e indirectamente, contra esta propuesta. La promesa de campaña que se siente ya como causa perdida.

Y a la suma de ambos hechos llega la incertidumbre: ¿qué sucederá con lo planteado por López Obrador tras lo resuelto en la Corte? Aquello que dijo que ya no sucedería, seguirá como parte de la realidad nacional: el Ejército en las calles. Y tal vez el cambio sea por una evaluación de viabilidad, ¿qué otra cosa se puede ofrecer en el corto plazo? Pero lo que es un hecho, es que lo decidido en la Corte merma este polémico punto. Se sabe que el martes, legisladores de Morena presentarán ante el Congreso una iniciativa para permitir la creación de la Guardia Nacional para establecer un marco legal de la actuación del Ejército en las calles, a través de reformas constitucionales necesarias, para abrir la puerta a que militares vigilen las calles, realicen detenciones y sean auxiliares del Ministerio Público, como una policía de investigación. Si bien, Morena es mayoría y difícilmente frenarán esta propuesta, lo que habrán de pensar ahora es ¿cuál será el escenario posible si su propuesta llega también a la SCJN como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior? ¿Cuántas impugnaciones llegarán, más aún con el antecedente de lo ocurrido ayer? Otra raya a un tigre que aún no toma protesta. Faltan dos semanas. Comenzará la prueba.