The law is the law, amigou

El Presidente es un enemigo de la democracia que, no conforme con dinamitar la de su propio país, ha pretendido interferir en los procesos electorales de otras naciones sin enfrentar consecuencia alguna. Los ejemplos sobran: en los conflictos con Bolivia y Perú, las ...

El Presidente es un enemigo de la democracia que, no conforme con dinamitar la de su propio país, ha pretendido interferir en los procesos electorales de otras naciones sin enfrentar consecuencia alguna. Los ejemplos sobran: en los conflictos con Bolivia y Perú, las escaramuzas le han servido para aumentar su popularidad; en el caso de EU —sin embargo— las cosas habrán de ser muy distintas.

“O cambia su trato hacia México o desde hoy comenzamos con una campaña informativa, en EU, para que todos los mexicanos, nuestros paisanos, sepan de esta alevosía, de esta agresión de los republicanos a México”, afirmó el Presidente —amenazante— el 9 de marzo pasado. “Y si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria (…). Ni un voto a los republicanos”, continuó, enfático. “Queremos ver incluso, la reacción de otros legisladores del Partido Republicano, a ver qué opinan…”.

El Presidente demanda una reacción que llegará muy pronto, aunque —sin duda— será muy distinta a la que espera. “The law is the law”, terminarán opinando —¿qué más?— los legisladores ceñidos a un estricto rule of law. Las democracias latinoamericanas —incluida la nuestra— no cuentan con las herramientas legales suficientes para enfrentar al demagogo: EU, en cambio, lo han previsto desde antes que llegara al poder.

El pez por su boca muere; el pejelagarto, también. Andrés Manuel López Obrador ha expresado su intención de interferir en las elecciones norteamericanas: la Orden Ejecutiva 13848 —relativa a la “Imposición de sanciones ante actos de interferencia Extranjera en elecciones Norteamericanas”, y expedida en septiembre de 2018, por Donald Trump— ha definido conductas similares a las de nuestro mandatario como “una amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los EEUU”.

Una amenaza a la seguridad nacional. La fiesta de la verborrea ha terminado: the law is the law, y las declaraciones de nuestro Presidente no sólo formarán parte del reporte final de las elecciones, en lo relativo a “cualquier información que indique que un gobierno extranjero, o cualquier persona que actúe a su nombre, ha actuado con la intención o propósito de interferir en las elecciones”, sino que serían parte fundamental de cualquier acusación que se encausara en su contra y de sus colaboradores. Acusaciones cuyas consecuencias rebasarían el plano personal, y terminarían por afectar al país entero.

El Presidente está incurriendo en los supuestos de la #EO13848, sin considerar que su conducta implica no sólo la congelación de sus activos —y los de sus familiares, y colaboradores más cercanos— sino que quienes hicieran negocios con ellos, y las instituciones financieras que les prestaran servicios, quedarían congelados, también, de inmediato, en el sistema estadunidense. La muerte comercial, para ellos: para el resto sería peor. El flujo de personas entre los dos países quedaría suspendido, ante la situación de emergencia, y el envío de remesas se interrumpiría sin tener que incurrir en mayor trámite; las empresas más importantes en cada industria quedarían bloqueadas también —expresamente por dañar al enemigo— y el flujo comercial se interrumpiría por completo.

Esto no es una exageración: el texto está disponible en línea, y todos —incluso sus partidarios— podemos saber a dónde nos está encaminando el mandatario en funciones. La ley es la ley —al menos en EU— y el embrollo que ahora enfrentamos, con las declaraciones autoinculpatorias del Presidente, no subsume al que le dio origen. El fentanilo será la bandera de la próxima campaña; nuestro país se convertirá en el botín de la guerra comercial entre las dos grandes potencias. México, en los hechos, retrocederá varias décadas.

El Presidente se equivocó, y su proyecto no sólo está al borde de la catástrofe, sino también de la ilegalidad. El próximo sábado se celebrará, en el Zócalo, el último canto del cisne: en los hechos, también, será el primero de un país que no sabe a dónde va. Si alguien sabe dónde está la oposición, por favor despiértela.

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