La ivermectina del bienestar

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En diciembre de 2020, el Gobierno de la Ciudad de México le suministró un tratamiento experimental a más de 200 mil personas, sin su consentimiento, para después publicar unos resultados, supuestamente exitosos, en un portal dedicado a las ciencias sociales llamado SocArXiv.

“HALLAZGO: kit con ivermectina reduce en 68% la probabilidad de ser hospitalizado”, publicaría en Twitter —en mayo de 2021— José Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Un hallazgo que no era cierto, sin embargo. De haberlo sido, en primer lugar, ni la OMS, ni la compañía que lo produce lo habrían rechazado meses antes, como incluso lo hizo el propio López-Gatell desde junio de 2020; de haberlo sido, en segundo lugar, simple y sencillamente no hubieran dejado de suministrarlo.

Un hallazgo que, además de no ser cierto, no fue en absoluto ético. El Código de Nuremberg —publicado en 1947, tras los juicios por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial— lo establece, de manera indiscutible, desde su primer artículo: El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.

En la Ciudad de México, lamentablemente, no fue así. La gente recibió su kit y usó las medicinas confiando en el gobierno que se las suministraba, sin saber que en realidad estaba ingiriendo un desparasitante contra gusanos y piojos, lo que es el uso autorizado del medicamento. A nadie se le preguntó si estaba dispuesto a que se probara en su organismo una medicina rechazada para el covid por las autoridades internacionales; a nadie se le realizaron estudios previos para saber si el desparasitante en cuestión podría causarle algún efecto secundario, a nadie se le notificó sobre el conflicto de intereses en que incurrieron los funcionarios que publicaron un documento hecho, tan sólo, con la intención de justificar una política pública equivocada.

El viernes pasado, finalmente —y ante una situación tan comprometida— el portal que albergaba el paper con los resultados de Peña Merino decidió retirarlo para que no siguiera causando daño, en las palabras de Philip N. Cohen, director de SocArXiv: “El documento es, o bien de una calidad muy pobre, o deliberadamente falso y engañoso. No creemos que provea información confiable o útil, y nos decepciona que haya sido tan popular. (…) Estamos tomando esta acción sin precedente porque este mal documento parece ser más importante, y en consecuencia, potencialmente más dañino, que otros trabajos defectuosos”.

La respuesta fue iracunda, como podría esperarse de un funcionario que sabe en riesgo no sólo su propia carrera política, sino también la de quien lo emplea y pretende convertirse en la próxima Presidenta de la República. El golpe a la confianza de la jefa de Gobierno es brutal y, ante el comportamiento poco ético de un equipo que no dudó en realizar experimentos en humanos, sin su consentimiento, siempre cabrá la sospecha de lo que podrían hacer —o podrían estar haciendo— en otros campos, si se conducen bajo los mismos estándares. Después de esto, ¿usted confiaría en el manejo adecuado de la información que se le entrega a la Agencia Digital de Innovación Pública, o a cualquier otro organismo del gobierno de la Ciudad de México?

En realidad, no pasa nada nuevo. La 4T nos ha utilizado para probar soluciones que no funcionan, tan sólo para apoyar la narrativa triunfalista de su caudillo. Lo hicieron con la ivermectina, como también lo hicieron con el aeropuerto, la refinería, la compra de medicamentos o cualquiera de los proyectos que han emprendido sin mejores resultados que los mostrados en salud por Sheinbaum o López-Gatell.

A la gente, sin embargo, no le importa si la culpa es de uno u otro, en tanto el Presidente los respalda a todos. A una, como la candidata a sucederlo; al otro, como un ejemplo mundial en el manejo de una pandemia que hoy sabemos no fue atendida de la manera correcta. A la gente lo que le importa es darse cuenta de que ya saben quién los ha estado engañando: no, no era igual que los otros; era mucho peor.