Diez años de mentiras

En el caso de Iguala, no conozco al expresidente municipal prófugo”, afirmaba Andrés Manuel López Obrador el 26 de octubre de 2014, frente a un Zócalo abarrotado. “Durante el tiempo que el señor Abarca fue presidente municipal, fui por lo menos tres veces a Iguala –hasta dormí ahí– y nunca, jamás lo vi, porque cuando esos políticos tradicionales andan en malos pasos ya se alejan, y eso ahora hasta lo tengo que agradecer”.

Corrían tiempos complicados para quien acababa de fundar un nuevo partido, tratando de resurgir entre las cenizas de su propio incendio. La segunda derrota había sido clara, a diferencia de la del 2006, y su futuro político parecía más incierto que nunca: los argumentos del fraude se habían agotado, y el luchador social carecía de una causa superior a la su propia amargura.

La tragedia de Ayotzinapa desgarró al país, en una noche de horror absoluto: la noticia se conoció en unas cuantas horas, y en poco tiempo ocupaba los titulares en el mundo entero. La historia comenzó a desgranarse, y de inmediato se señaló al alcalde de Iguala por su presunta responsabilidad en los hechos: unos cuantos días después comenzarían a circular fotografías que lo ligarían, junto con su esposa, a López Obrador, así como las advertencias que en su momento le habrían hecho llegar para prevenirle sobre sus posibles nexos con el crimen organizado. 

La indignación se generalizaba, y la opinión púbica exigía un responsable: los 43 estudiantes se habían convertido en una bomba de tiempo que, de no desactivarse a tiempo, afectaría los planes de quien desde entonces preparaba su tercera candidatura. Andrés Manuel olfateó la oportunidad, y supo aprovecharla con un silogismo falaz: la tragedia de Ayotzinapa en realidad habría sido una operación del Estado, y la responsabilidad le correspondería, en un principio, a las Fuerzas Armadas, pero finalmente al Presidente de la República y a su Gabinete de Seguridad entero. El camino estaba claro, hacia ahí enfocaron sus baterías.

“Fue el Estado”, era la consigna en esos tiempos; “vivos se los llevaron, vivos los queremos” lo que se coreaba en los actos públicos. Después vendrían los “pases de lista”, las manifestaciones en las calles, la reacción virulenta que impedía conocer la verdad de lo que había ocurrido y se concentraba en la desestabilización del gobierno en funciones. La estrategia funcionó, y los 43 de Ayotzinapa se convertirían en el estandarte que el hoy Presidente enarboló hasta su victoria. Después –la verdad– ya no tanto… 

“Acerca de temas como el de Ayotzinapa, hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército, y eso les molesta mucho”, afirmó a finales de julio pasado en una de sus conferencias mañaneras, tras haber recibido una carta en la que los padres de los estudiantes lo acusaban directamente de mentir y traicionarlos. El Presidente respondió por la misma vía, y después leyó el texto a la opinión pública: en la misiva, en lugar de dar explicaciones, acusó de nuevo a defensores de derechos humanos; organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos; agencias del gobierno de Estados Unidos, opositores y periodistas de buscar debilitar al Ejército mexicano y construir una campaña de desprestigio en su contra. 

La tragedia de Ayotzinapa desgarró al país, y lo transformó para siempre: lo que en un principio era una causa justa terminó por convertirse en el mero vehículo de un oportunista con oficio. Las heridas no han cerrado por completo, y, por el contrario, comienzan a supurar: en esta semana se cumplen diez años de la tragedia y el mandatario no tiene ningún resultado que ofrecer a quienes prometió, hace casi una década, que pronto volverían a abrazar a sus hijos. El Presidente se esconde tras las vallas y se refugia en el Ejército, tras diez años de mentiras: la bomba de tiempo de los 43, por lo que estamos viendo ahora, nunca pudo ser desactivada.