PRI: crónica anunciada

La primera ley electoral impulsada por el grupo mayoritario de diputados maderistas, en 1911, estableció que para conformar un partido político se requería un mínimo de 100 miembros, un programa y un órgano de difusión.

Con esta ley surgió un gran número de partidos, pero las confrontaciones que se derivaban de la lucha por el poder político se siguieron resolviendo por medio de las armas, principalmente, entre los generales que, en ese entonces, podían aspirar a la Presidencia de la República.

De esta forma, el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR), en 1929, impulsado por Plutarco Elías Calles, representó, en los hechos, un pacto para la distribución de poder político de forma institucional. Ese pacto duró siete décadas, en las cuales se mantuvo como partido hegemónico, primero como PNR, después como Partido de la Revolución Mexicana y luego como el actual PRI.

Durante ese periodo han cambiado las reglas y los partidos políticos se encuentran establecidos constitucionalmente como entidades de interés público y tienen como fin impulsar la participación del pueblo en la vida democrática (artículo 41). Pero, no obstante ese mandato, los partidos mexicanos, al igual que en todas las regiones del mundo, se ven divorciados de los ciudadanos y, peor aún, después del primero de julio de 2018, aquellos que han gobernado en los últimos tres sexenios cargan el peso del aparente fracaso del modelo democrático que se estaba construyendo.

Los esfuerzos por reinventarse son diversos, por ejemplo, ya hemos dado cuenta en este mismo espacio el intento de la transformación del PRD, pero sin lugar a dudas, el partido que tiene la mayor atención es el PRI, toda vez que se encuentra en proceso de cambio de dirigencia nacional.

De esta forma, resulta relevante que, sin pena ni gloria, han pasado dos debates (17 de julio y 7 de agosto) entre los candidatos que pretenden dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del 2019-2023. Alejandro Alito Moreno, Ivonne Ortega Pacheco y Lorena Piñón Rivera han expuesto sus ideas y sus argumentos para emprender la importante tarea de encabezar el partido más longevo de nuestro país y de toda la región de América Latina.

La indiferencia que los ciudadanos han demostrado ante este ejercicio es la clara señal del divorcio que existe entre los partidos y la sociedad. La falta de interés se manifiesta hasta en el llamado círculo rojo, quienes han desdeñado hablar del tema.

Una de las razones podría ser la denuncia de un proceso amañado y la renuncia al partido de uno de los candidatos con mayor trayectoria: José Ramón Narro Robles. Otra razón puede ser la clara percepción de que, la mayoría de los actores con poder político (gobernadores, senadores y diputados) se ha pronunciado a favor de un candidato, entonces, se nota ociosa la competencia.

Y la tercera razón es la creencia de que el PRI no será un partido de oposición, sino un partido satélite de Morena, como lo es el PT y el PVEM.

La práctica política en los próximos meses definirá la verdad, pero los escenarios no son nada fáciles para ningún partido, menos para uno que, a pesar de la alternancia del Poder Ejecutivo federal, se había mantenido al frente de la mayoría de los estados y los municipios y los puede perder en el 2021.

Hasta este momento, el PRI ha asumido un papel de oposición en el Senado de la República, pero le ha sido sumamente difícil en los estados de la República en donde gobierna. Por ejemplo, en Guerrero, no obstante los esfuerzos del gobernador Héctor Astudillo para lograr una coordinación institucional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las confrontaciones y desencuentros no se han hecho esperar con el delegado Pablo Amílcar Sandoval por asuntos como el de la repartición de fertilizante, por ejemplo. Incluso, pese a que Guerrero ha logrado disminuir la pobreza extrema en un 11.5% (datos del Coneval 2008-2018), crecer en la generación de empleo y disminuir los delitos, ningún programa de inversión ni política pública importante del gobierno federal se aplicará en la entidad tal y como sí se hará en otras de la región del sur, como Tabasco, Chiapas o Veracruz, en donde ya gobierna Morena.