Luto nacional

Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para que, por tres días, guardemos luto en memoria de las personas que han muerto por la pandemia (faltó incluir a los que han muerto por falta de atención de otras enfermedades en esta coyuntura).

En el mundo, hasta las 7 horas del día de ayer, se confirmaron 44,586,424 casos, 1,175,712 muertes y 30,105,281 recuperados. El mayor número de muertes se concentra en Estados Unidos (227,703), Brasil (158,456), India (120,527) y México (90,773).

En ese contexto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió sobre el posible “rebrote” de covid-19 en los próximos meses de invierno. Sin embargo, eso no es posible porque nunca hemos tenido una baja, sino una manipulación de las cifras. En una entrevista de radio, el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el número oficial de muertes, con base en información de fuentes de la Secretaría de Salud, se debería multiplicar por un rango de (error) 2.3 a 2.8, lo cual llevaría una suma total de 249 mil 678 muertos por la pandemia (Radio Fórmula, 27/10/20).

El manejo de la pandemia ha sido totalmente desafortunado, apostando por la “inmunidad de rebaño”, lo que demuestra una gran insensibilidad del gobierno de la República. Además, no se aplican pruebas de forma masiva por lo que no hay una estrategia de contención. Las débiles acciones de mitigación las realizamos los ciudadanos, prácticamente, de forma voluntaria, por lo que dependen del nivel de conciencia y hasta de recursos de cada persona. Es decir, usar el cubrebocas para protegernos a nosotros mismos y para proteger a otras personas en caso de que estemos contagiados y seamos asintomáticos.

Está comprobado, científicamente, que el cubrebocas, sí protege y disminuye en más del 95% el contagio si todos lo usamos adecuadamente al tener contacto con otras personas.

Sin embargo, si no hay pruebas no hay contención, lo saben bien los legisladores, de tal suerte que, después de la desafortunada muerte del senador Joel Molina Ramírez, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se multiplicaron las pruebas para los legisladores, los colaboradores y empleados. En el Senado, se aplicaron 770 pruebas que detectaron contagiados a tres senadores y a 15 personas de diversas áreas. Se deduce que los contagios pudieron ocurrir durante la sesión del 21 de octubre cuando se discutió la desaparición de los fideicomisos.

En la Cámara de Diputados, desde que inició la pandemia, se han registrado 68 legisladores contagiados y no se tiene información si después de la maratónica sesión previa a la del Senado, se realizaron pruebas para descartar un contagio masivo.

Tanto en el Poder legislativo como el Ejecutivo, en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), se ha sabido de personas que pierden la vida a pesar de que reciben la atención privilegiada que otorga un seguro privado. La propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que también dio positivo (le deseo su pronta recuperación). Así nos enteramos que de forma cotidiana se hace pruebas y, la hemos visto, siempre usa el cubrebocas, pero, convive con un Presidente y varios secretarios de gabinete que no lo hacen.

Lo lamentable de todo este escenario de representantes políticos contagiados, es que ni por estar experimentando en carne propia las consecuencias de la falta de una política eficiente de contención del virus, hacen algo por sus representados y gobernados. Qué bueno que ellos sí pueden realizarse pruebas cada semana, qué malo que no obliguen al Presidente de la República a implementar una estrategia urgente de contención. El propio gobierno federal, en voz del canciller Marcelo Ebrard, ha dicho que estamos en espera de que llegue la vacuna en diciembre y que en el peor escenario va a llegar en marzo del próximo año. La pregunta obligada es: ¿qué hará el gobierno? La respuesta ya nos la dio el Poder Legislativo. En lugar de exigir cuentas, acaban de votar un dictamen para “reorientar” los recursos provenientes del Fondo de Gastos Catastróficos para atender la emergencia. Sin embargo, no hay garantía de que eso suceda porque en ninguna parte del dictamen quedaron etiquetados los recursos de tal forma, ni tampoco se presentó ningún plan de emergencia para justificar su gasto.