INE por la democracia de la República

El 6 de abril de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 41 de la Constitución que sentaba las bases para crear el Instituto Federal Electoral (IFE). Con ello, la Secretaría de Gobernación perdió la facultad de organizar las elecciones y de ser juez y parte del proceso, pero las cámaras de Diputados y de Senadores siguieron calificando los resultados y entregando las constancias de representación popular de sus integrantes. En ese momento, la Cámara de Diputados estaba conformada por 260 diputados del PRI, 101 del PAN, 30 del PARM, 34 del PFCRN, 19 del PMS, 32 del PPS y 24 que emanaron de diversas coaliciones. Fue la primera vez que el PRI vio disminuida, de forma importante, su presencia en el Poder Legislativo. También fue la primera vez que un Presidente de la República enfrentó cuestionamientos en su informe de gobierno, como lo hizo Porfirio Muñoz Ledo a Miguel de la Madrid Hurtado (1 de septiembre de 1988).

A reserva del PAN, todos los demás partidos habían participado en el Frente Democrático Nacional apoyando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas contra la de Carlos Salinas de Gortari (PRI). Después de la elección de julio de 1988, las manifestaciones seguían en las calles y las confrontaciones políticas eran el principal motivo de violencia letal en las coyunturas de los procesos locales. La decisión de Cárdenas de conformar el PRD y seguir la lucha por la vía institucional, generó la posibilidad de la construcción de acuerdos políticos en el Congreso de la Unión. Los acuerdos se tradujeron en reformas constitucionales fundamentales para transitar del presidencialismo autoritario, con un partido hegemónico, a un sistema presidencial bajo los principios democráticos que implica el reconocimiento de la pluralidad y la libertad política.

Nuevas reformas al artículo 41 en 1994 y 1996 fortalecieron al IFE. A partir de entonces, el instituto organizaba las elecciones, validaba el resultado y entregaba las constancias de la representación popular a los legisladores. En ese proceso, también participa el Tribunal de Justicia Electoral que antes era un área de la Suprema Corte de Justicia y, con las mismas reformas decretadas en 1990 y 1994, terminó siendo otra institución garante del voto ciudadano. El IFE mantuvo la confianza plena de los ciudadanos hasta el 2006, cuando como candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador cuestionó la actuación de los consejeros. De forma injusta, ante los señalamientos y la inminente pérdida de confianza del casi 50% de ciudadanos que habían votado, tuvieron que renunciar el presidente del Consejo General, Luis Carlos Ugalde, y los demás consejeros. Mediante los acuerdos políticos en el Congreso de la Unión se reformó la Constitución y las leyes secundarias para reestructurar la forma en que se elegían a los consejeros en la Cámara de Diputados, el objetivo central era lograr que no se cuestionara la legitimidad de los integrantes del Consejo General y, el IFE, continuara siendo garante de la elección.

Al paralelo de los transformaciones en el ámbito federal, sucedieron las del ámbito local, la armonización constitucional reprodujo el modelo federal para elegir a los consejeros de los institutos estatales, pero no fue suficiente para generar la confianza de todos los actores políticos y, pese a la resistencia de los consejeros electorales, encabezados por el actual presidente Lorenzo Córdova y los Consejos Electorales locales, en un arrebato autoritario, el Congreso de la Unión votó en el 2014 la transformación del IFE en el actual Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante lo adverso de esta reforma, el INE ha sido un órgano autónomo que goza de la confianza de la gran mayoría de los actores políticos y los ciudadanos y también, una institución ampliamente reconocida por los organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos. Diversos países del mundo han retomado el modelo del instituto, que es líder en la materia tal y como se estableció en esa lejana reforma de 1990, “el organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones…”.

En ese contexto y en el preámbulo de una elección como la del 2021 en donde se van a elegir 3,520 cargos, es indispensable preservar la autonomía constitucional y de actuación de los integrantes del Consejo General del INE. Por la democracia de México, es momento de definiciones, digamos no a la descalificación presidencial de la institución garante de la libertad política de los ciudadanos.