Daños colaterales de la contingencia

Dos temas preocupan por los efectos que puedan generar derivados de los decretos del Consejo de Salubridad General que ordenaron una serie de medidas para combatir la propagación de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19.

El primero, referente a las acciones que rebasan los límites de la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario hasta el 30 de abril de este año, que ya constituyen, de por sí. restricciones al ejercicio de los derechos de las personas.

En nuestra Constitución sólo existen dos grandes mecanismos a través de los cuales las personas podemos ver afectados nuestras garantías de manera general: la suspensión de derechos, prevista en el artículo 29, o la declaratoria de emergencia sanitaria, determinada en el numeral 73, fracción XVI.

Sin embargo, diferentes gobiernos municipales y estatales han llevado a cabo una serie de medidas que restringen de facto algunos derechos más de los habitantes de aquellos municipios o entidades federativas, llegando al extremo de imponer multas a quienes decidan salir de sus domicilios o imponiendo arrestos por la misma causa.

Es cierto que enfrentamos una emergencia sanitaria sin precedentes, pero esto no puede llevar a las autoridades a ignorar las reglas que un Estado de derecho debe garantizar a sus habitantes para estar a salvo de cualquier arbitrariedad. Debe ser el derecho y no el capricho de una autoridad lo que determine las decisiones públicas. Porque falta todavía la fase más severa.

Lo anterior no es exclusivo de México, en diferentes países alrededor del orbe los gobiernos están tomando medidas que se alejan de lo técnico y lo científico, para allegarse a criterios políticos, afectando los derechos de sus gobernados y poniendo en riesgo libertades que históricamente ha costado tanto ganar.

El segundo tema preocupante es que no se observan medidas conjuntas en el confinamiento sanitario para orientar a la población a observar una alimentación saludable y a realizar actividades físicas.

Estas medidas son necesarias e indispensables; recordemos que en los años 2016 y 2018 la Secretaría de Salud emitió un par de Declaratorias de Emergencia Epidemiológicas por la obesidad, sobrepeso y diabetes que ya se presentaban en nuestro país.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, México vive una epidemia de sobrepeso y obesidad desde hace años, ya que el 75% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes están en estas condiciones. Siendo claros, en promedio, 53% de todos los mexicanos padecen las enfermedades antes mencionadas, lo que obliga a extremar acciones.

Los virus —como el COVID-19— son mucho más cruentos cuando atacan a personas con problemas de obesidad, hipertensión o diabetes. Si al hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ignoramos a la otra epidemia de la obesidad y la diabetes, estaremos ayudando al país a salir de las garras del tigre para adentrarnos a las fauces del lobo.

Los problemas de salud generados por la obesidad y la diabetes le cuestan al país el 5.3% de su PIB, es decir, 1.3 billones de pesos, de acuerdo con las cifras de la OCDE. Lo anterior significa que se trata de una suma superior al presupuesto total de ISSSTE y del IMSS juntos y también es 10 veces mayor al gasto que ejerce la Secretaría de Salud. 

Las medidas de emergencia requieren de ser evaluadas, ajustadas y corregidas, día a día, para que no vaya a ser que el remedio salga peor que la enfermedad. Y eso, sin considerar los daños económicos que dejará la pandemia.

Como Corolario, la frase de Albert Camus: “La buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad”.