La tragedia tiene dos rostros esta semana, y la diferencia entre ambos no radica en la magnitud del dolor, sino en la estatura ética de quienes tienen el deber de gestionarlo.
Mientras en Canadá el aire se ha vuelto denso por el luto tras el tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en México el ambiente sigue viciado por una normalización de la barbarie que ya no sólo asusta, sino que indigna por su pasmosa indolencia.
El asesinato masivo en la pequeña comunidad de la Columbia Británica ha conmovido los cimientos de la sociedad canadiense. No es para menos: las vidas truncadas en una escuela sacuden el núcleo de un país que aún cree en sus instituciones.
La respuesta del primer ministro, Mark Carney, ha sido la de un líder que entiende que el duelo nacional es una prioridad absoluta. Carney tomó la decisión de suspender su participación en la Cumbre de Seguridad de Múnich, un gesto que en el tablero de la alta política internacional es de una gravedad extrema.
La Cumbre de Múnich no es una reunión cualquiera; es el foro donde se decide el destino del orden mundial. Este año, el encuentro cobra una relevancia histórica y urgente, pues se celebra precisamente cuando ha fenecido el último de los tratados de no proliferación nuclear, el New START, dejando al mundo en una vulnerabilidad estratégica sin precedentes. Que un mandatario decline estar en la mesa donde se discute la supervivencia global para acompañar a las familias de Tumbler Ridge envía un mensaje claro: la seguridad más importante es la que se siente en el pupitre de una escuela.
¿Por qué en Canadá este evento paraliza al Estado y en México los muertos se apilan en el olvido? La hipótesis es tan dolorosa como lógica: en Canadá, la violencia escolar es vista como una ruptura del contrato social básico, una anomalía que amenaza la identidad misma de la nación. Para Ottawa, si un niño no está seguro en clase, nada más importa. En cambio, en México, la masacre en el campo de futbol en Salamanca y el drama de los mineros secuestrados se procesan como accidentes del entorno.
La masacre en Salamanca, donde la sangre manchó el terreno de juego en un ataque brutal, debería haber sido un escándalo de proporciones sísmicas. Especialmente porque México se prepara para ser uno de los tres países sede del próximo Mundial de Futbol. ¿Cómo se puede invitar al mundo a celebrar el deporte en estadios de cristal mientras en los campos locales se siembran cadáveres? A esto se suma la tragedia de los diez mineros, de los cuales cinco ya han sido hallados sin vida; un recordatorio de que bajo el suelo mexicano la oscuridad no sólo es física, sino moral.
En México, el gobierno ha logrado imponer la narrativa de que estas víctimas “estaban en el lugar equivocado” o eran “daños colaterales” de una guerra que nadie termina de explicar. Al despojar a los muertos de su calidad de ciudadanos inocentes y convertirlos en cifras estadísticas, el poder se exime de la obligación del luto. A diferencia de los canadienses, los mexicanos parecemos haber perdido la capacidad de sorpresa. Hemos sido entrenados en la resignación por un sistema que prefiere administrar el horror antes que erradicarlo.
La actitud del gobierno de México es reveladora: dedica apenas unos minutos a estos temas en su agenda pública y siempre de una manera que los minimiza. Mientras Carney entiende que un líder debe detenerse ante la tragedia aunque el mundo esté al borde de una nueva carrera nuclear, aquí la consigna es seguir adelante, ignorando que una nación que no se detiene ante sus muertos es una nación que ha perdido el rumbo.
La diferencia es clara: en el norte, la vida de un estudiante vale más que la cumbre más importante del siglo; en el sur, la vida de un futbolista llanero y la de un trabajador de mina son un suspiro que el poder olvida en lo que dura una frase.