Autonomía, contra el abuso de poder

Las instituciones oficiales autónomas surgieron de las luchas de la sociedad civil organizada para asegurar que algunas funciones específicas del Estado mexicano no obedecieran a decisiones unipersonales y se realizaran sin presiones políticas o presupuestales del gobierno en turno.

Yo comencé a reportear en tiempos en que las elecciones en México eran organizadas por las autoridades federales y estatales. Recordemos que la primera vez que se usó una credencial para votar y un listado de electores fue en los comicios locales de Baja California en 1992, y eso sólo después de que el PAN ganó al PRI la gubernatura de ese estado, la primera vez que el oficialismo perdía un Ejecutivo estatal.

Hasta entonces, el gobierno tenía control absoluto sobre el sufragio. Por eso podía darse el voto múltiple y podían votar los muertos. El gobierno también controlaba la recepción y el conteo de los votos. Si eso no era suficiente, podía corregirlo en la etapa de llenado de las actas de casilla, cambiando resultados.

Una parte de la batalla por la democratización del país se centró en arrebatar al gobierno el control de los comicios y ponerla en manos de los ciudadanos.

Fue una demanda que tardó muchos años en cumplirse. Primero, el gobierno aceptó la desaparición de la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral, pero, en sus primeros años, el responsable seguía siendo el titular de la Segob. Luego, se aceptó crear un padrón y una credencial para votar con fotografía, a la manera de los bajacalifornianos. Después, se agregó la figura de los consejeros ciudadanos. Finalmente, en 1996, el IFE se volvió plenamente autónomo.

Todas las instituciones autónomas en México han pasado por procesos similares, en los que el papel de la sociedad civil organizada ha sido primordial.

Así se creó, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a partir del asesinato de la luchadora social sinaloense Norma Corona, en 1990.

Fue la arbitrariedad y el abuso del poder el que llevó a la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

“La autonomía es una forma de división del poder, sin que ésta deba ser entendida como soberanía (…) sino como la distribución de competencias sobre determinadas materias”, ha definido la doctora Susana Pedroza de la Llave, investigadora de la UNAM.

“Las instancias autónomas acotan el poder que sobre distintas materias tenía en la práctica el Presidente de la República”, apunta Pedroza en un texto académico sobre el tema.

La creación de instituciones autónomas en México ha sido esencialmente resultado de una batalla cívica contra las decisiones unipersonales; para poner en manos de la sociedad diferentes facultades del Estado, a fin de que no dependan de intereses políticos y vaivenes electorales.

Es verdad que, una vez creadas dichas instituciones, los partidos han encontrado la manera de poner al frente de ellas a personas que los representan, mediante el voto de sus legisladores.

Por ejemplo, el Consejo General del IFE (hoy INE), el órgano colegiado que dirige el Instituto, cuyas posiciones han sido llenadas mediante cuotas de los partidos, los cuales esperan que los consejeros designados representen sus intereses a la hora de votar en el Consejo.

Pero no se salva la casa quemándola, sino reformándola y reparándola.

La actual ofensiva del próximo gobierno federal contra las instituciones autónomas no es, para mí, una solución a los abusos que han hecho los partidos políticos contra ellas, sino un intento de desnaturalizarlas e incluso destruirlas para absorber las competencias que ellas tienen y poder ejercer facultades sin el control que ellas representan.

Son muy preocupantes las declaraciones que, desde los tiempos de la campaña electoral, ha hecho el hoy Presidente electo contra distintos órganos autónomos, como el INE, el Inegi, el INEE y el Banco de México, entre otros.

Más preocupante es el intento de someter a las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos mediante, primero, una iniciativa de ley que pretendía anular su autonomía y, luego, la exigencia de que sus comisionados renuncien para ser reemplazados por personajes cercanos a Morena.

Ayer, se logró lo segundo con la salida de Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la CNH, quien dejó su encargo cinco meses antes de su conclusión.

Construir instituciones autónomas ha costado muchos años de lucha a la sociedad civil. Defenderlas es defender la democracia y prevenir que el poder vuelva a ejercerse de forma arbitraria y abusiva.