Sobre el nombramiento de consejeros del INE
En 2003, la incapacidad de las principales bancadas de diputados para construir consensos excluyó del acuerdo de nombramientos a la entonces tercera fuerza política nacional (PRD)
Por Jaime Rivera Velázquez
En abril de 2020 se renovarán cuatro de las 11 consejerías que integran el Consejo General del INE, máximo órgano de dirección del Instituto. La decisión corresponde a la Cámara de Diputados y está regulada por el artículo 41 constitucional; es, pues, un asunto de Estado.
El INE es la autoridad autónoma responsable de organizar los procesos mediante los cuales se renueva el poder político, y debe, por esta razón, contar con la confianza de los actores participantes y de la sociedad. La selección de quienes van a formar parte del órgano de dirección de una autoridad que funciona como árbitro de la competencia electoral, requiere del consenso más amplio posible de los competidores, es decir, de los partidos representados en la Cámara de Diputados.
Fortalecer al INE con estos nombramientos es una responsabilidad política de los diputados federales. Los nuevos consejeros y consejeras se integrarán a los trabajos del Instituto en el umbral de un proceso electoral de enormes dimensiones: en 2021 habrán de elegirse 500 diputados federales, en concurrencia con al menos una elección local en cada una de las 32 entidades federativas; en 15 estados se elegirá gobernador(a), en 30 se renovará el Congreso Local y en 30 se votará también por ayuntamientos. La magnitud de la tarea reclama que los nuevos consejeros y consejeras del INE posean conocimiento de la materia, capacidades directivas, trayectoria pública prestigiada y, por encima de todo, independencia política.
Algunos analistas han expresado preocupación de que el nombramiento de cuatro nuevos integrantes del Consejo General pudiera vulnerar la autonomía y la imparcialidad del INE. Esto no tiene por qué ser así. Aun cuando ahora hay en la Cámara de Diputados una coalición mayoritaria que, casi por sí sola, podría sumar dos tercios de los votos requeridos por la Constitución para designar consejeros electorales, la experiencia histórica y un sentido mínimo de responsabilidad política exige preservar en el Consejo General una composición equilibrada.
Desde la designación de los primeros consejeros ciudadanos del IFE, en 1994, hubo un pacto pluripartidista para garantizar que ninguna fuerza política predominara en el Consejo General, aun cuando algunos de los designados hubieran tenido vínculos con algún partido. Este criterio se mantuvo y se fortaleció en 1996, cuando el IFE adquirió autonomía constitucional plena. En 2003, la incapacidad de las principales bancadas de diputados para construir consensos excluyó del acuerdo de nombramientos a la entonces tercera fuerza política nacional (PRD), hecho que manchó de origen al Consejo y a la postre dañó la confianza en el IFE. El de 2003 fue un grave error político que nunca debería repetirse. Las designaciones posteriores de consejeros (en 2008, 2011, 2014 y 2017, ya con el formato de designaciones escalonadas) invariablemente contaron con el respaldo de todas o casi todas las fuerzas representadas en la Cámara.
Es una cuestión de principio democrático que ninguna fuerza política pueda determinar por sí sola la designación de la autoridad electoral, a fin de preservar la independencia y la imparcialidad de ésta. Los consejeros electorales no deben ser correas de transmisión de ningún partido o gobierno. Y no se trata de que los designados sean ideológicamente puros o carentes de cualquier relación política, sino de que por su capacidad y trayectoria profesional sean aceptables para todos los partidos. La pluralidad política representada en la Cámara debe garantizar el equilibrio en la composición del Consejo General del INE. No hacerlo así dañaría la confiabilidad del INE, dañaría también la imagen de la Cámara de Diputados y, a fin de cuentas, pondría en entredicho la legitimidad de quienes resulten ganadores de las elecciones.
Estamos ante una oportunidad de refrendar la confianza en el árbitro electoral y fortalecer el prestigio de la Cámara de Diputados, si el proceso se conduce con transparencia, basado en criterios meritocráticos y con voluntad de inclusión y consenso. Es una cuestión de Estado, y como tal, exige mucha responsabilidad política de aquellos en quienes recae mayormente la decisión.