Rawls y la equidad electoral

 Por Jaime Rivera Velázquez / Consejero del INE

Casi todos los especialistas en derecho electoral y en teoría de la democracia coinciden en que las leyes que rigen la competencia por el poder deben ser pactadas por una pluralidad de fuerzas políticas que incluya a la oposición. Las reglas del juego para competir por el poder deben ser equitativas, aceptables para todos los jugadores, o sea los partidos, y esto supone que las reglas sean tales que todos tengan la posibilidad de ganar, ahora o en un futuro no lejano. Tales características son esenciales para poder decir que unas elecciones son justas.

 Pensando en cómo determinar si las reglas electorales son justas o no, recordé una de las obras de filosofía política más importantes del siglo XX: Teoría de la justicia, de John Rawls. En esta obra, Rawls no se refiere propiamente a las elecciones, aunque los principios de igualdad de derechos y de decisiones colectivas tomadas por acuerdo suponen deliberación y elecciones libres. 

El pensador estadunidense postula, con una lógica impecable, las condiciones formales para que unas reglas puedan considerarse justas. Abreviando y simplificando mucho una exposición extensa, compleja y conceptualmente rigurosa como la obra de Rawls, puede decirse que la justicia tiene como premisas las siguientes: la imparcialidad; el principio de inviolabilidad de los derechos individuales; derechos iguales para todos; condiciones sociales mínimas accesibles para todos, a fin de propiciar la igualdad de oportunidades; el principio de diferencia, entendido como reglas compensatorias para quienes padezcan alguna desventaja natural o estructural. Para Rawls, la igualdad de derechos y de oportunidades no equivale a igualdad de resultados en cuanto al logro de bienes o satisfactores, ya que esto dependerá del esfuerzo, el talento y la responsabilidad de cada individuo. Lo importante es que todos los individuos tengan oportunidades razonablemente igualitarias. Es decir, habiendo un punto de partida parejo (por ejemplo, mediante servicios de salud y educación de calidad accesibles para todos), los individuos tendrán oportunidad de lograr sus metas. De esa forma, los resultados serán equitativos. Para Rawls la justicia es equivalente a la equidad.

¿Cómo establecer esos derechos fundamentales y las condiciones para que sean efectivos para todos? Rawls recurre a la doctrina clásica de un contrato social originario, aunque con principios netamente liberales (diferentes a los de Rousseau, quien postula la supremacía imparable de la “voluntad general” y, por esa vía, abre la puerta a la imposición totalitaria en nombre del pueblo soberano). Rawls plantea, como hipótesis teórica, una convención en la que todos los individuos (o en su caso, los grupos), puedan participar en condiciones de igualdad. Y para que puedan lograrse acuerdos con imparcialidad, hay que suponer que cada miembro de la colectividad ignora su posición original, esto es, que hay un velo de ignorancia sobre la situación que ocupa cada uno a la hora de acordar los derechos y las leyes. Nadie sabe si, en su posición original, es un hombre o una mujer; si es un trabajador, un gran empresario, un campesino, una científica, un sacerdote o si padece alguna discapacidad. Así, por ejemplo, los impuestos por pagar o las subvenciones sociales deberían ser convenidas con criterios de equidad. Nadie tomaría ventajas con determinadas reglas, porque ignora qué le tocará según su posición original. 

Obviamente, esa condición del velo de ignorancia sobre la posición original es sólo imaginaria, pero es un supuesto teórico necesario para alcanzar acuerdos imparciales, sin ventajas indebidas para nadie. Es decir, las leyes y políticas públicas deben acordarse como si los actores ignorasen la posición en que se encuentran, porque ésta podría cambiar con el tiempo y las normas deberán aplicarse por igual.

Si tales principios de justicia se aplican a la legislación electoral, cada norma constitucional o legal debería suponer un velo de ignorancia sobre la posición que cada fuerza política tiene en un momento dado. En una democracia, quien hoy está en el gobierno mañana puede estar en la oposición y viceversa. No debería legislarse como si la posición de cada fuerza política nunca fuese a cambiar. Las reglas deben ser equitativas, tanto para la oposición como para la fuerza gobernante. Si una regla otorga una ventaja excesiva a un partido que hoy gobierna, mañana podría perjudicarle si pasa a la oposición. Recuerdo que, cuando el PAN gobernaba, con el argumento de facilitar la gobernabilidad hizo un intento de cambiar la ley para permitir un margen de sobrerrepresentación más amplio que el 8 por ciento. Cuando el PRI volvió a la Presidencia, intentó algo semejante. Apenas unos años después, el partido que se habría beneficiado de ese cambio sería otro. De hecho, el nuevo bloque gobernante sí se ha beneficiado con una sobrerrepresentación mayor, pero con base en una interpretación sesgada de la Constitución. Por eso es muy importante que una reforma electoral sea fruto del acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque ninguna tiene comprado el futuro. (Bueno, eso creo).