Sinaloa es una profunda herida abierta para la nación. La pacificación de una plaza, que ha llegado a verse como símbolo internacional del imperio del crimen, era la primera gran prueba de la promesa del gobierno de controlar la violencia en el país. Pero los esfuerzos de la estrategia de seguridad se muestran insuficientes para detener una guerra interna abierta que desangra al estado desde hace 30 meses.
Las notorias expresiones y formas de violencia vuelven a atraer el foco internacional y desafían el plan de pacificación de la Presidenta, en un momento delicado por la exigencia de EU de mayores resultados contra el poder de los cárteles. La nueva ola de crímenes de alta visibilidad e impacto corrobora el estado de violencia sin cuartel en Sinaloa desde la detención del líder histórico, El Rey Zambada, actualmente preso en EU. Pero lo más grave es constatar la lógica criminal detrás de las respuestas estratégicas a las acciones del Estado y el desconcierto de las autoridades frente a éstas.
El atentado contra dos diputados de MC a plena luz del día, cuando salían del Congreso estatal, en una zona céntrica y poblada de civiles, no es otro ajuste de cuentas ni producto de la casualidad; tampoco es plausible la hipótesis del exgobernador Labastida de atribuirlos a una riña sindical, como si se quisiera sacarlo de la trinchera de la pugna intestina entre las facciones del Cártel de Sinaloa y el gobierno. La acción, en paralelo con un secuestro masivo de mineros, es un golpe frontal contra la estrategia de Harfuch y la promesa de pacificar Sinaloa como prioridad del Gabinete de Seguridad desde que llegó Sheinbaum. Lo que dicen estos crímenes es que la presencia permanente de Harfuch ahí y de más de 10 mil soldados desde 2025 no han conseguido blindar al estado de la violencia, como acepta el gobernador Rocha Moya, y de lo que comienza a quejarse, aunque nada ha hecho para evitar que los homicidios suban 67% desde entonces.
Enseña que elegir objetivos de impacto internacional con el plagio de trabajadores de una minera canadiense y la violencia política no es cosa aleatoria ni pretende sólo generar caos. Se inscriben en una lógica de los cárteles en respuesta a las detenciones, desmantelamiento de laboratorios, los golpes de la seguridad y el refuerzo de la presencia de grupos militares de élite, para proteger y expandir sus mercados ilícitos.
Demuestra que las formas que adopta la violencia, en un territorio prioritario para el gobierno, están determinadas por el tipo de intervención del Estado contra los cárteles. La irrupción de la violencia política en la escena de la guerra intestina sinaloense y la selección de una minera de Canadá para secuestrar a su personal son respuesta a la detención en México del canadiense Ryan Wedding –llamado Rey de la Cocaína– y el Cártel de Sinaloa, en un operativo secreto del FBI; con el que ambos gobiernos habrían inaugurado la realización de operaciones conjuntas contra el narco para satisfacer la exigencia estadunidense de ir a fondo con la colaboración en seguridad. Aunque la Presidenta lo niega, la aprehensión de Wedding tiene todos los visos de una intervención soft que el FBI se adjudicó entre mensajes encontrados con el gobierno mexicano, que no alcanzaron para desmentirlo. Pero, sobre todo, por la máxima visibilidad y repercusión internacional de una respuesta calculada ante la intervención de la agencia de seguridad estadunidense.
Las autoridades federales y estatales parecen sorprendidas con estos ataques de alto impacto, a pesar de conocer la evolución de la violencia según el tipo de intervención contra los cárteles. García Harfuch los atribuyó a células de Los Chapitos y la Presidenta remarcó la alta prioridad de su gobierno con el anuncio de que viajará a Sinaloa con el Gabinete de Seguridad. Además, el próximo año habrá elecciones para la gubernatura y nadie quiere perder las urnas como el principal objetivo político, tanto de partidos como del narco, para restaurar el control perdido. La Presidenta ha apoyado al gobernador morenista Rocha Moya, a pesar de casi nulos resultados de las investigaciones contra los crímenes y las viejas acusaciones de haber llegado al poder con su apoyo. Pero el escalamiento de la violencia abre nuevos flancos que el Estado no parece contener después de dos años de una guerra sin cuartel ante la que todas las autoridades parecen inermes.