Por un Puebla con igualdad para todos

En la toma de protesta del viernes pasado, su directriz fue clara: está determinada a avanzar hacia la igualdad de oportunidades, de justicia y de derechos en todas las zonas del estado, como producto de una gestión pública más humana, confiable y sensible a las necesidades urgentes de las familias. Su sentido de responsabilidad es el correcto. Hoy, Puebla está obligado a dar un paso adicional que lleve los beneficios del desarrollo a un número mayor de ciudadanos. Recordemos que, tras casi una década de trabajo y de la mano de una amplia alianza político-social, el PAN comenzó a dar la vuelta al rezago y al abandono en el que estuvo sumido ese estado de la República, con una estrategia de gobierno que construyó infraestructura educativa, vial y de salud sin precedentes, que avanzó en los años recientes como ninguna otra entidad en el combate a la pobreza extrema y que alcanzó tasas de crecimiento económico superiores al 6%, entre otros logros reconocidos por instancias independientes. Ahora, los avances deben seguir su benéfico paso hacia círculos más amplios, si consideramos que 6 de cada 10 poblanos siguen viviendo en alguna determinante de pobreza. De la gobernadora Alonso, se puede esperar un buen gobierno por tres factores clave.

Primero: el ejercicio de una administración pública humana. En lugar de recurrir a fórmulas de política pública en franco desgaste, el gobierno de Puebla está comprometido con recuperar la tranquilidad y certidumbre de los ciudadanos, poniendo en el centro de sus decisiones a las personas. Con ese propósito, en el rubro de seguridad se desplegará una estrategia integral para erradicar la desigualdad y el hambre, promover los mecanismos de participación social en las colonias para la resolución de conflictos e incrementar el número de empleos formales bien pagados, mediante estímulos fiscales para empresas dispuestas a invertir en zonas marginadas. Ello sin dejar de reconocer la importancia de fortalecer a las policías e instrumentar acciones de prevención, persecución de violencia de género y procuración de justicia, como ejes para abatir la incidencia delictiva e impunidad.

En cuanto a generar mayor certidumbre social, la administración está comprometida con instrumentar un seguro de desempleo para mujeres trabajadoras de 40 años o más, con poner en marcha un programa de capacitación laboral y bolsa de trabajo para madres solteras, así como con brindar subsidios a negocios contratantes de jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad. La certidumbre también se nutre del debido acceso a la salud y la infraestructura médica existente, tendrá el abasto necesario de médicos, medicinas e instrumentos para cumplir su función social. Las familias contarán con un mayor número de estancias infantiles y se presentará un programa piloto de horarios escolares extendidos, en zonas de mayor incidencia delictiva.

Segundo: una administración con agenda democrática. Las acciones de los primeros 100 días de gobierno se encuentran sustentadas en la opinión de más de 115 mil personas de los 217 municipios, que manifestaron sus prioridades de política pública en la plataforma digital “yoMEapunto”. Con ellas, más las expresiones recabadas durante la campaña electoral y con el apoyo de cuadros técnicos, se construyó de abajo hacia arriba una agenda viable de gobierno. Para asegurar la transparencia y rendición de cuentas, en el marco de una política de cero tolerancia a la corrupción, entrará en funcionamiento el primer Observatorio Social de Compromisos de Gobierno, se ampliarán las capacidades de las contralorías ciudadanas y se consolidará un sistema que incentive el desempeño íntegro de los servidores públicos al servicio del estado. De esta manera, el mandato popular trasciende al expresado en las urnas, al convertirse en un garante permanente del seguimiento a la adecuada decisión política y el cumplimiento de la ley.

Tercero: un gobierno abierto con voluntad para la coordinación. La administración de Martha Erika Alonso comparte los fines de justicia social, planteados por el Titular del Ejecutivo federal, por lo que refrendó su llamado a ver en Puebla un estado aliado donde poder realizar sus programas prioritarios de gobierno. En el mismo sentido, tendió la mano al Congreso del estado y a los presidentes municipales, para definir una agenda común de trabajo en beneficio de los poblanos. La gobernadora Alonso sabe bien que los ciudadanos buscan la corresponsabilidad política y no el pleito o el chantaje, como vía para la solución de sus problemas. Es ahí donde todos los actores políticos de la entidad deben anteponer los intereses de Puebla sobre los particulares, para asegurar la prosperidad de las familias. Llegó el tiempo de construir un estado con igualdad para todos.