Freno a la seguridad social

A menos de un año de creada la institución encargada de la seguridad social como organismo público descentralizado, un grupo de servidores públicos ha sabido aprovechar sus cargos y relaciones en dicho organismo para favorecer a algunos “amigos” y beneficiarse de la consecuente corrupción que ello genera.

Se trata de María de Jesús Herros Vázquez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas; José Enrique Pérez Olguín, director General de Modernización, y Bladimir Martínez Ruiz, titular del Área de Planeación Estratégica y Coordinaciones Estatales y vocal del Consejo de Mejora Regulatoria.

Estos servidores públicos han estado involucrados en escándalos de tráfico de influencias y asignación de contratos millonarios sin licitación pública en distintos estados del país, por lo que la autoridad federal debe investigarlos y auditarlos.

En momentos en que se registran carencias por desabasto y falta de recursos financieros, estos personajes forman parte de un grupo conocido como “El Cártel de la Sangre”, el cual se vale del tráfico de influencias para asignar contratos a empresas de familiares y amigos, incluso algunas de ellas sin capacidad o conocimiento en la materia.

A los estados se les quitó presupuesto para cubrir gastos en seguridad social con el pretexto de financiar dicho modelo y con la promesa de mejorar los servicios; sin embargo, contrario a ello estos recursos públicos han sido aprovechados para asignar contratos directos al igual que en otras áreas como seguridad y vigilancia.

Tal ha sido el caso de los contratos recientemente asignados de manera directa en materia de seguridad y vigilancia en forma simultánea en 17 estados del país a la empresa Grupo PRYSE de México, la misma que casualmente ganó el contrato de seguridad privada del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Dicha empresa ha estado involucrada en escándalos por falsificación de documentos y simulación de competencia para obtener contratos públicos. Hace dos sexenios dicha empresa obtuvo dos contratos por un monto menor a un millón de pesos; sin embargo, en 2022 consiguió un contrato por más de 600 millones de pesos para vigilar unidades de seguridad social y centros vacacionales.

Su red de influencia se expande además al sector de alimentos, como el caso del Corporativo Kosmos, empresa de comedores y alimentos. Aun cuando esta empresa es investigada por lavado de dinero, obtuvo contratos para surtir comida e insumos a dependencias federales ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México y Baja California por 28 mil millones de pesos durante los últimos seis años. Estos funcionarios buscan dividirse el pastel asignándole a grupos como Vitalmex, Casa Plarre, Falcón, Dicipa y otras empresas de Fernando Padilla Farfán, amigo cercano al senador Adán Augusto López Hernández.

Padilla Farfán ha sido uno de los empresarios cercanos al excandidato presidencial y ahora senador de la República, que se ha visto beneficiado. Uno de los jugosos contratos asignados en forma directa es para brindar servicios en comunidades de escasos recursos como La Morita en Tijuana, B.C., y centros móviles en distintos municipios de Baja California, que en conjunto superan los mil millones de pesos. Este llamado Cártel del Águila Verde, lejos de buscar un equilibrio y diversificación de empresas que ofrezcan calidad y servicio, mantienen una relación de beneficios con las empresas antes mencionadas.

PIDEN DEROGAR LA LEY CENSURA

En defensa de la libertad de expresión, el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa para derogar la llamada Ley Censura ante el Congreso de Puebla, especialmente el delito de ciberasedio utilizado para pretender acallar a los críticos y a quienes piensan distinto del gobierno que encabeza Alejandro Armenta. Con ello, el PRI se convirtió en la primera fuerza política en presentar formalmente una iniciativa para poner fin a la persecución de las voces críticas al oficialismo.