El presupuesto y la universidad pública

En efecto, uno de los ámbitos de mayor rezago en términos de inversión pública es el relativo a la ciencia y la tecnología; la Ley General de Ciencia y Tecnología establece que anualmente debe invertirse al menos el 1% del PIB nacional, pero desde el 2004, cuando se estableció ese mandato, tal inversión no ha pasado del .05% del PIB; y peor aún, para el 2019 se ha propuesto un recorte de casi el 13 por ciento.

Por otro lado, en el presupuesto destinado a educación decrecerán, si el PEF se aprueba en los términos en que ha sido presentado, aproximadamente en los siguientes rubros y montos; -8.6% en desarrollo cultural; -9.8% en educación inicial básica y comunitaria; -12.7% en escuelas de tiempo completo; -14.4% en atención al deporte; -18.4% al programa de convivencia escolar; -20.9% en educación para adultos; -53.4% al programa nacional de inglés; mientras que desaparecerá el programa de inclusión digital.

Además de lo anterior, se propone un recorte en términos reales de 3.4%, para todas las universidades e instituciones de educación superior publicas en los estados, además de los severos recortes a instituciones como la UAM y la UNAM, en cuyo caso debe considerarse, sin demérito de las otras, que no es una “escuela más”, sino el espacio privilegiado del país para la reflexión, la producción científica, literaria y filosófica, y cuyos alcances se proyectan mucho más allá del territorio nacional.

En ese sentido, el Congreso tiene la responsabilidad de corregir el error en el PEF, y mostrarse auténticamente como la instancia más relevante de la representación popular y la defensa de los intereses más altos de la nación.

Estas medidas no dejan de resultar paradójicas y hasta contradictorias, no sólo con el discurso del presidente López Obrador, sino también respecto de los planteamientos contenidos en la iniciativa de contrarreforma Educativa, pues en el documento enviado al Congreso se establece que cada seis meses las universidades públicas deben reportar el nivel de crecimiento de su matrícula escolar.

Se necesita mucho más inversión pública en lo social; de hecho, luego de 30 años de crecimiento mediocre, de rezagos acumulados y de una violencia desbordada en todo el territorio nacional, lo que se necesita es más cultura, más universidades y más ciencia y tecnología de vanguardia.

Se ha dicho reiteradamente que el PEF es el principal instrumento de política económica y social, pero no debe olvidarse que también es reflejo de las prioridades y compromisos reales del Ejecutivo. Desde esta óptica debe sostenerse que la transformación auténtica del país pasa, necesariamente, por el fortalecimiento de la UNAM y de todo el sistema de universidades públicas, lo cual no se encuentra en la propuesta que el Ejecutivo Federal envió como propuesta de PEF.

La justicia social y en general, la construcción de un nuevo Estado Social de derecho exige la generación de un nuevo pacto social, que como ha planteado el Ejecutivo, se sustente en el acceso universal a la educación y la salud, pero esto requiere de una lógica presupuestal congruente.