México en el Reporte de Guerra 2017
Afinales de marzo, mientras la discusión pública se centraba en las elecciones generales de julio, la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, un centro de estudios de la Universidad de Ginebra y el Instituto de Graduados de Ginebra, Suiza, comúnmente conocido como la Academia de Ginebra, publicó la edición 2017 de su Reporte de Guerra. Conflictos armados en 2017. El documento, disponible en http://bit.ly/WarReport2017GA, es relevante —entre otras razones— porque se trata del segundo reporte de un Think-Tank global, en el que la situación en materia de seguridad pública en México es caracterizada como similar o cercana a la de una guerra
La primera ocurrió en mayo de 2017, cuando el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) publicó en Londres su reporte 2016. Contra el IISS se levantaron distintas voces, especialmente de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de la actual y la anterior administración, que descalificaron el documento del IISS. Los directivos del IISS prometieron revisar su metodología, pues —les decían desde México— no era posible poner en la misma canasta manzanas y naranjas. La situación en México era mala, admitían, pero no tan mala como para ocupar el segundo lugar entre los conflictos a escala global detrás de Siria. A pesar del ruido, el IISS no se retractó, al menos no de manera pública.
Quizás es por ello que la autora de la sección sobre México en el Reporte de Guerra. Conflictos armados en 2017, Julie Lambin, una abogada especializada en derecho penal internacional, reconoce que clasificar lo que ocurre en México como un “conflicto armado no internacional” es controversial. Para dar cuenta de ese carácter controversial, la sección metodológica del documento señala de manera puntual los criterios que les permiten declarar o no que existe un “Conflicto Armado No Internacional”. Estos criterios son: la violencia armada debe ser “prolongada”; la violencia debe ser realizada por fuerzas gubernamentales y al menos un grupo armado organizado no gubernamental, o entre ese tipo de grupos dentro de uno o más estados nacionales y, tercero, “la violencia debe ocurrir entre las Fuerzas Armadas y al menos un grupo armado organizado o entre tales grupos” (ver pp. 24-6). El documento discute esta definición en general y luego para cada uno de los países. En el caso de México se hace a lo largo de cuatro páginas que identifican las partes del conflicto que, además de las Fuerzas Armadas mexicanas, son los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Familia Michoacana y la Organización Beltrán Leyva, dando algunos detalles sobre las características de cada grupo y los momentos en que han sido más activos, especialmente en lo que hace a sus enfrentamientos con las fuerzas del Estado mexicano, además de los conflictos que ocurren entre esos grupos y cómo todos ellos, o sus derivados, tienen un grado de organización que los hacen cumplir con los requisitos fijados por los autores.
Los últimos dos párrafos de la sección dedicada a México dicen:
“México es signatario del Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Criminal Internacional (CCI). Como resultado de la violencia desplegada por los cárteles y la respuesta del gobierno a esa violencia, que ha tenido un dramático impacto en la población, distintas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación acerca de la “crisis de derechos humanos” que vive México. Algunas organizaciones han tratado de hacer que la CCI se interese en lo que ocurre en México.
“Los mexicanos suelen ser víctimas, a veces colaterales, otras directas, de los enfrentamientos entre los cárteles, que recurren de manera creciente a tácticas en las que la población se convierte en su rehén. La población también es víctima del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la guerra contra las drogas, que hace que cualquier persona sea percibida como vinculada de algún modo con el crimen organizado. Algunos consideran que el despliegue de las fuerzas armadas ha estado asociado con incrementos dramáticos en los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Como resultado del clima generalizado de violencia se estima que cerca de 311 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de residencia en el país”.
En estricto sentido, no dice nada que no hayamos ya escuchado antes y en ello yace precisamente el problema: ya nos hemos acostumbrado, a lo largo de once años, a hablar así de México y los efectos de los enfrentamientos del Ejército y la Marina contra los distintos grupos criminales, sin que nos asombre ni sepamos cuándo o cómo podría terminar este conflicto.