Los enemigos de la autonomía
Distintas universidades con instalaciones en la CDMX y el Edomex, padecen desde hace años los efectos de la violencia contra sus estudiantes
En México, varias universidades públicas, la inmensa mayoría de ellas autónomas, enfrentan severos retos a su condición como tales.
El caso más grave es, en muchos sentidos, el de la Universidad Autónoma Metropolitana que acumula ya, al momento de redactar estas líneas, 90 días de una huelga difícil de comprender, pero que podría resolverse hoy sábado.
Otro caso muy grave es el de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí el problema no es una huelga, sino que es el intento de un ala del lopezobradorismo en el congreso mexiquense, para imponer una “solución” a los problemas de rendición de cuentas que padece esa institución desde hace años, que recuerda aquel refrán de tirar al niño con todo y el agua de la tina.
Está el caso crónico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que este año estuvo tres semanas en huelga y que concluyó a finales de febrero de este año.
El de la UABJO es un caso crónico porque, asediada por varios sindicatos, que representan a grupos de poder de la escena política oaxaqueña, la UABJO es una de las universidades que más frecuentemente ve cerradas sus puertas por las banderas rojinegras.
También estuvo en huelga, cerca de dos meses, la Universidad Chapingo. El paro ahí concluyó el 25 de abril.
Está el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la que las autoridades federales les congelaron la semana pasada todas sus cuentas bancarias, aunque en días recientes les liberaron algunas.
Ello ocurrió como parte de una investigación, una de las pocas que ha emprendido la actual administración federal, contra los puntos en los que ella misma ha identificado pérdida de recursos por corrupción.
Y están los casos de la Universidad Autónoma de Baja California, la Autónoma del Estado de Morelos y la del Estado de México, que padecen por la manera en que los gobernadores de esos estados las han “ahorcado” en distintos momentos del pasado reciente, al retenerles, por pretextos baladíes, recursos y que, en el caso de las autónomas de Morelos y el Estado de México, entre otras instituciones de educación superior, las hicieron vulnerables a las ofertas de “ayuda” que la Secretaría de Desarrollo Social de la administración 2012-8 les hizo para que se dedicaran a hacer “chambitas” por las que recibían dinero que debían entregar a empresas fantasmas.
Por si todo esto fuera poco, distintas universidades con instalaciones en la Ciudad y el Estado de México, padecen desde hace muchos años los efectos de la violencia contra sus estudiantes.
Esa fue la razón del paro que cerró las puertas de algunos de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México en septiembre del año pasado y que ha vuelto a provocar protestas y cierres de planteles esta semana, luego del asesinato de una estudiante en el CCH Oriente.
Todos estos casos, referidos de manera sumaria, ofrecen ejemplos de la clase de problemas que la educación superior enfrenta en México y que, en general, dejan ver que —a pesar de los discursos que suelen pronunciarse en el Congreso de la Unión y los de los estados— la realidad es que en México se aprecia poco la autonomía de las universidades y se apuesta a modelos que siguen principios ajenos a los valores asociados a la autonomía.
Parte del problema tiene que ver con la manera en que las autónomas se han convertido en reductos de grupos que, por cierto, no siempre son de la izquierda radical ni nada que se le parezca y que, sin el menor pudor, usan a esas instituciones para construir emporios comerciales y financieros que no existirían si se vigilara bien el uso de los recursos públicos y, sobre todo, si las autoridades internas de las universidades, sus patronatos, y otras instancias que ejercen facultades de representación, vigilancia y control, cumplieran sus tareas.
Para ello, sería necesario quebrar la lógica de entregar las universidades públicas y sus recursos a grupos favoritos de los gobernadores y otros funcionarios.
Por ahí podría empezarse a respetar su autonomía, ayudarlas a lograr sus objetivos y hacer que el dinero que se les entrega, rinda.
